Siete mil 117 personas están desaparecidas en Jalisco desde 2006 hasta el 8 de marzo de este año. Este es el dato que oficialmente reconoció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez el pasado miércoles que presentó la estrategia para dar con el paradero de las personas desaparecidas y para tratar de contener esta epidemia. Se sabía que el fenómeno de desaparición de personas en Jalisco era un problema grande pero seguramente pocos imaginaron su magnitud y dimensión.
Según Alfaro, quería que la presentación de la estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas fuera su primer acto de Gobierno que inició el 6 de diciembre pasado, pero no fue posible por el desorden de las instituciones que le heredaron. Tres meses y dos semanas después de arrancar, el gobernador presentó la estructura que conformará el sistema estatal de búsqueda de personas desaparecidas.
El sistema se integra por la Fiscalía Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En el evento, Alfaro destacó el incremento presupuestal que tendrá todo el sistema, el compromiso que actuarán de manera coordinada y la promesa de que él mismo encabezará las labores de supervisión del sistema. Y dijo algo que me parece que vale la pena destacarse: que el tema de las desapariciones “va a ser un tema visible y va a ser un tema que estará al centro de la agenda pública”, ojalá así sea, porque sin duda alguna se trata del asunto social y político más grave y más doloroso que tenemos ahora en Jalisco.
El fenómeno de las desapariciones es la cara más dolorosa de la guerra que tenemos en el Estado y en el país y encararlo y detenerlo debería ser la prioridad principal, si no del Gobierno sí de la sociedad.
La apatía y negligencia de las autoridades de todos los niveles han hecho que las desapariciones crezcan a ritmos vertiginosos. Según datos presentados el miércoles por el gobernador, entre 2006 y 2012 se reportaron 10,002 desaparecidos, de los cuales 8,682 se encontraron vivos, 293 sin vida y sin localizar a 1,027.
De 2013 a marzo de 2019, hubo 19,762 reportes de desapariciones; se localizó con vida a 12,718, sin vida a 962 y sin aparecer 6,070. En un sexenio, la cifra de desaparecidos se quintuplicó.
Pero el problema llegó a un punto crítico los dos años anteriores. En 2017 hubo 1,380 desaparecidos y en 2018 se registraron 2,442, para sumar 3,822. Es decir, en los dos años anteriores se desapareció a 54% del total de 7,117 personas que están ausentes ahora. Y esto ocurrió justo en el momento en que Gobierno federal y estatal crearon leyes y agencias especializadas y en el momento en que más visible se hizo este problema en Jalisco, con las movilizaciones en torno a los tres estudiantes de cine.
Esta espiral ascendente debe detenerse de manera contundente y para ello es imperativo buscar en vida a los desaparecidos, identificar a los cuerpos que ya resguarda el Estado, y romper las cadenas de complicidad que desde el aparato de Gobierno existen con quienes desaparecen. Si no se logra romper las inercias del pasado, la epidemia de desapariciones seguirá creciendo. No lo podemos permitir más.
