La delegación de la Generalitat de Cataluña en Estados Unidos ha intentado regularizar su situación ante el Gobierno norteamericano con una declaración en la que pide registrarse como agente de una entidad extranjera de forma retroactiva. Según los documentos a los que ha tenido acceso ABC, la solicitud de registro fue procesada el pasado 18 de marzo a mediodía, pero la «embajadora» catalana en Washington la presentó como efectiva a partir del día 25 de febrero. En su solicitud, Victòria Alsina declara haber mantenido trece reuniones entre el 14 de noviembre y el 16 de enero para «recuperar las relaciones entre EE.UU. y Cataluña».
Aunque la aplicación del artículo 155 de la Constitución permitió el desmantelamiento de la paradiplomacia catalana, el actual presidente autonómico, Quim Torra, ha vuelto a poner en marcha la mayoría de ellas. Para la plaza en Washington convocó un concurso público y seleccionó a la profesora universitaria Alsina, en el puesto desde noviembre y que es quien ahora se registra para hacer «lobby». La ley norteamericana marca que un agente extranjero debe registrarse en un plazo de diez días desde que comience su actividad.
Según declara Alsina, en estos pasados cuatro meses ha mantenido seis reuniones con cinco diputados –Mario Díaz-Balart, John Lewis, John Garamendi, Paul Cook y Brad Schneider– además de con asistentes de otros influyentes políticos como la senadora por California Diane Feinstein. En algunas de esas reuniones, Alsina acompañó al presidente autonómico, Torra. En otras, al entonces consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall.
Un portavoz del gobierno autonómico dijo la semana pasada a ABC que el registro estaba en orden y que la delegación catalana sólo debía hacer declaraciones de sus actividades cada seis meses, informa Àlex Gubern. Sin embargo, los archivos de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que regula las labores de lobby por parte de extranjeros, reflejan que la «embajada» y la «embajadora» no estuvieron registrados entre diciembre de 2017 y esta semana. Por eso, la solicitud de inscripción es de forma retroactiva.
Vulnerar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros en Estados Unidos está penado con un máximo de 10.000 dólares (8.800 euros) de multa y un máximo de cinco años de cárcel.
Torra, Maragall y Alsina defendieron ante los políticos norteamericanos con los que se reunieron algo que resumió el presidente autonómico catalán después de su visita al Capitolio en enero: «Les he explicado a los congresistas la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos. Que en tres semanas comienzan unos juicios políticos, que tenemos gente en el exilio, que hay cientos de catalanes represaliados o que España no respeta nuestro derecho a la autodeterminación». Además, pidió mediación internacional para solucionar «el conflicto».
Precisamente en contra de estas labores propagandísticas advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español en un informe fechado el pasado 8 de noviembre en el que aconsejaba impedir la reapertura de estas «embajadas». En él se advertía que reuniones como las que ahora declara Alsina podrían ser «lesivas para los intereses del Estado». «El objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado por el Gobierno de la Generalitat, de utilizar todos los medios a su alcance al servicio de su proyecto secesionista impide, por tanto, informar favorablemente sobre la creación de las Delegaciones propuestas desde el punto de vista competencial de este Ministerio», añadía.
Finalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desoyó las recomendaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que dejará la cartera por ser cabeza de cartel para las elecciones europeas.
En la solicitud de registro, la «embajada» catalana en Washington detalla sus propios cometidos. «Facilitar las relaciones bilaterales con las autoridades de Canada y de los Estados Unidos de America, así como con los otros gobiernos descentralizados, en el ámbito de las competencias de la Generalidad» además de «promover y coordinar las relaciones de colaboración de la Generalidad y sus órganos adscritos con las Naciones Unidas», asegura.
Se trata de una labor descrita en términos diplomáticos y encomendada a una entidad que no goza de reconocimiento oficial. Ni el Gobierno norteamericano ni su brazo diplomático han reconocido a Cataluña como estado soberano ni le conceden a esta delegación y a Alsina estatus diplomático, lo que les eximiría de tener que registrarse como agentes extranjeros.
Es más, en su reciente informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado norteamericano negó que en Cataluña existan, como defiende Torra y su gobierno, presos políticos. La diplomacia estadounidense afirmó en dicho informe que «el Gobierno español, por regla general, respeta la independencia y la imparcialidad de la Justicia».
En la solicitud de registro, además, se afirma que la delegación catalana representa al «Ministerio de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del Gobierno de Cataluña» y recibe directrices del «ministro Alfred Bosch Pascual». Se atribuye, por lo tanto, a los consejeros autonómicos un rango del que no gozan en el marco constitucional y jurídico español. Bosch sucedió a Maragall como consejero de Acción Exterior el pasado mes de noviembre.
La delegación catalana en Estados Unidos se inauguró inicialmente en 2008, con Andrew Davis como representante elegido por un decreto firmado por José Montilla. Operó seis años sin estar registrada como agente extranjero, algo que finalmente hizo en mayo de 2014. En los documentos presentados por Davis al Gobierno de Estados Unidos queda reflejado un gasto que supera el millón de euros anual. El salario base de Alsina es de 82.209 euros, más una serie de complementos añadidos por residir en el extranjero.
