El titular del juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta por el expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno contra el que fuera jefe de los Servicios de Seguridad de la compañía, Juan Carlos Fernández-Cernuda, su madre y un socio.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez, basándose entre otros documentos en una auditoría ordenada por El Corte Inglés, considera que no se ha justificado la perpetración del delito y que los hechos denunciados, en caso de haberse acreditado, no son constitutivos de delito, a lo que añade que el caso debería ser llevado a la jurisdicción civil.
Según han informado a Efe fuentes cercanas a Gimeno, el ejecutivo recurrirá ante la Audiencia Provincial el sobreseimiento de la querella, que interpuso en julio, tras cesar como presidente de El Corte Inglés y después de haber pedido auditar los Servicios de Seguridad y criticar que la auditoría se encargara a EY, la misma que audita las cuentas del grupo.
Gimeno acusa a los querellados de los presuntos delitos societarios, administración desleal y corrupción entre particulares por facturar grandes cantidades a El Corte Inglés por servicios de seguridad a través de sociedades interpuestas participadas por amigos y familiares a precios por encima de los de mercado.
En su opinión, dicha actuación, llevada a cabo en conocimiento de miembros del consejo de administración del grupo, supondría un perjuicio para El Corte Inglés y un correlativo beneficio económico para las sociedades vinculadas a los querellados.
Entre dichas sociedades figuran Abisa y Once, detrás de las que están hermanos de Cernuda-Hernández; Mega 2, de la que es administradora única su madre, Clara Hidalgo; y Paneuropea de Servicios Integrales, vendida a Securitas y vinculada a su socio Joaquín de Domingo Martorell.
En el auto, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la querella y el archivo de las actuaciones por entender que no hay indicios que permitan continuar con el procedimiento, ya que de las diligencias practicadas no se deriva que las personas investigadas sean los autores de los delitos denunciados.
Según la misma fuente, entre otros documentos, Gimeno aportó una carta anónima y correos internos de los que pretende extraer una supuesta «mordida» relacionada con el incendio del Windsor por las empresas Mega 2 y Seguriberica, que sustituyeron a Prosegur, encargada de las seguridad del edificio.
Sin embargo, el informe del departamento de seguros del grupo señala que la sustitución se produjo después de que Prosegur y la aseguradora Zurich no aceptaran el acuerdo de aportación, a lo que el informe de auditoría interna añade que la operación supuso evitar un procedimiento de incierto resultado y sin que conste indicio alguno de sobrecoste, añade el auto.
«No consta la existencia de un perjuicio económico para El Corte Inglés ni un trato de favor para con las sociedades que tienen algún tipo de vinculación con alguno de los querellados», afirma el juez.
Respecto del delito de administración desleal, el magistrado señala que los querellados no eran administradores en el momento de los hechos y que no se ha demostrado ni consta la existencia de un beneficio.
Por otra parte, considera que no resulta acreditada la aceptación de un beneficio o ventaja no justificada como contraprestación para favorecer indebidamente a otro y hubiera correspondido a la parte acusadora acreditar la concurrencia de los requisitos del tipo penal.
Dimas y su familia tienen otros frentes judiciales relacionados con El Corte Inglés, como la demanda interpuesta para impugnar la adopción de las hermanas Marta y Cristina Álvarez por Isidoro Álvarez, y otras relacionadas con la herencia del que fuera presidente del grupo de los grandes almacenes.
