La prisa con que se juzgan las decisiones del gobierno corresponde a la prisa con que se prometen resultados. El ritmo lo ha puesto el Presidente. Y de momento sirve como recurso de legitimación: hoy por hoy el cambio consiste en la sensación de cambio, y para eso hace falta anunciar algo nuevo cada día. Y si genera una reacción contraria, tanto mejor. Es tal el descrédito de todos los demás actores que la oposición es contraproducente, contribuye a justificar lo que sea: por eso la estridencia, por eso no afecta la imagen del Presidente.
No está claro el programa, no está claro que haya un programa, nada fuera de la lógica política con la mira en las siguientes elecciones –hasta donde alcanza la vista. En línea con la trayectoria histórica del país, se trata de debilitar al Estado, para fortalecer a la clase política –y el mando personal. Así se ha gobernado los últimos 200 años.
Para eso es fundamental la desaparición de los intermediarios institucionales, y entre ellos, la trama de las organizaciones civiles que actúan como subsidiarias del Estado, empezando por las estancias infantiles y los refugios para mujeres maltratadas, seguirán otras. Contra las iniciativas, en defensa del antiguo régimen, se dice que son materias en las que hace falta un conocimiento profesional, y que sería mucho más costoso que el Estado se hiciese cargo de ellas directamente. Sobre las estancias infantiles, por ejemplo, se argumenta que es importante que esa subrogación sea regulada, supervisada, vigilada por el Estado –porque la educación es responsabilidad pública.
El argumento del gobierno es siempre el mismo: esas formas de intermediación son innecesarias, y se prestan para la corrupción. No hay un diagnóstico, ningún estudio, aparte de la intuición del Presidente: acusaciones imprecisas, denuncia de vagas irregularidades que todos sabemos que son ciertas –salvo que no sabemos qué tan importantes eran. Acaso justificaban barrer con todo. La línea de resistencia es un argumento de impecable filiación neoliberal: el pueblo no es menor de edad, no necesita estar bajo tutela; si se reparte el dinero en efectivo, sabrá cómo gastarlo. Es exactamente el argumento de Milton Friedman para justificar su propuesta para la educación: repartir dinero, y que los individuos decidan. El cliente siempre tiene la razón, y el mercado es el mejor mecanismo para asignación de recursos.
Es comprensible la prisa que tienen unos y otros, porque las decisiones tienen consecuencias irreversibles. Pero es una buena ocasión para valorar las alternativas a partir de resultados concretos. Con suerte, si hay información confiable, contrastable, podremos saber si tiene alguna importancia el saber profesional, o si el mercado es efectivamente la mejor guía, como sostiene el gobierno. Desde luego, el experimento puede resultar costoso: puede haber mujeres maltratadas, niños maltratados, mujeres que tengan que abandonar su trabajo porque no tienen una abuelita que cuide a los hijos. Por ahora, el Presidente carga las consecuencias a la cuenta del bono democrático.
Veremos el resultado, pronto.
