Poco a poco, la 4T comienza a cambiar el rostro de la Constitución. En algunos casos, la transformación es producto del debate. El proyecto inicial de la Guardia Nacional fue modificado sustancialmente. El oficio político de los senadores, sumado a un ejercicio genuino de parlamento abierto, lograron una reforma que –sin ser perfecta– otorga al nuevo gobierno el marco de transición que considera necesario para desplegar su política de seguridad. Se trata de una apuesta ambiciosa. Ojalá sea, también, exitosa.
No puede decirse lo mismo de la reforma constitucional que amplió, aún más, el catálogo de delitos con prisión preventiva automática. De nada sirvió la evidencia empírica y los argumentos. Las propuestas alternas –políticamente viables y técnicamente sólidas– fueron ignoradas. El “parlamento abierto” fue más teatro que diálogo. Se impuso el populismo punitivo.
El retroceso es mayúsculo. Para dimensionarlo, recordemos algunas ideas básicas. En el sistema acusatorio, toda persona se presume inocente hasta que un juez la declare culpable más allá de toda duda razonable. En cambio, la vinculación a proceso –es decir, la resolución que permite iniciar un proceso penal– tiene un estándar probatorio muy bajo. La lógica es sencilla: facilitar la investigación, pero ser exigente con la sanción. La prisión automática, por el contrario, presume a los detenidos como culpables y encarcela sin pruebas. Genera injusticia, en especial para los pobres, y facilita el uso político del aparato de persecución penal.
La reforma también desvirtúa la naturaleza de la prisión preventiva. Existe un conjunto de medidas cautelares para asegurar que el imputado no escape, para proteger a las víctimas y testigos, y para garantizar el desarrollo del proceso. La prisión preventiva es la medida más severa, por lo que solo debe imponerse cuando otras no sean efectivas para alcanzar estos objetivos. Debe ser la excepción y no la regla. Hay que repetirlo: la prisión preventiva no busca castigar simplemente porque no se ha probado la culpabilidad del detenido.
¿Cuáles serán las consecuencias de la reforma al artículo 19 constitucional? Adelantamos aquí algunas hipótesis: (1) se prolongarán los incentivos a la ineficiencia y corrupción de las fiscalías y policías, (2) aumentará el número de detenidos sin sentencia en las prisiones, (3) se agravará la sobrepoblación carcelaria, (4) la impunidad no se reducirá y (5) no mejorarán las cifras de incidencia delictiva.
El daño ya está hecho, pero quizá no sea irreparable. Durante los próximos años será necesario dar un seguimiento puntual a los efectos de esta reforma. La evidencia empírica mostrará si estamos en lo cierto, o si, por el contrario, la razón asiste a quienes impulsaron la reforma. Ojalá tengamos, unos y otros, la entereza de evaluar y actuar en consecuencia.
SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
@slayllon
y JAVIER MARTÍN REYES
Investigadores del CIDE
