La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que todas las dependencias del gobierno federal (no solo el Cisen) transfieran al Archivo General de la Nación (AGN) “documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones a los derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”. En un artículo publicado ayer, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, después de hacer referencia a la historia de los servicios de inteligencia del país desde 1918 hasta la fecha, en especial a las actividades de espionaje y persecución política de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que desapareció en 1985, aseguró que la decisión de AMLO de poner a disposición del público esos archivos es un “paso consistente con el desmantelamiento de los instrumentos sobre los que descansó el autoritarismo”.
Loable, con la salvedad de que fue el gobierno de Vicente Fox —¡un presidente conservador del trágico periodo neoliberal de México!— quien hizo públicos los archivos de la DFS y los cedió al AGN en febrero de 2002, hace 17 años. El Cisen entregó más de 4 mil 200 cajas con los documentos desde 1947 hasta 1989, pues incluía los de los cuatro años que operó la Dirección General de Investigaciones Sociales y Políticas de la Secretaría de Gobernación; además, en 2007 el mismo Cisen comenzó a digitalizar esos archivos a fin de facilitar su consulta. ¡Qué ganas de reinventar la historia para apropiársela!
Eso en referencia a los documentos de la DFS. En cuanto a los archivos posteriores a 1989, no hay claridad sobre cuáles se van a entregar, pues el decreto contiene generalidades que deben ser precisadas y será el AGN quien, en un plazo de 30 días, defina los lineamientos de los archivos que las dependencias tendrán que entregar. El primer asunto a definir es el criterio para considerar histórico un documento: a partir de cuántos años atrás: ¿uno, cinco, 10 o 20? En otros países la desclasificación de archivos de seguridad nacional se hace después de 30 o 50 años. Quizá como muestra de esa voluntad de transparencia, las autoridades del actual Centro Nacional de I podrían recuperar la sección de documentos desclasificados que se tuvo entre 2008 y 2011 en la página de Internet del Cisen, a la cual cualquier persona podían entrar y que en algún momento desapareció.
Pero cualesquiera que sean los lineamientos que publique el AGN a fines de este mes, estarán sujetos a las restricciones establecidas tanto por la Ley de Acceso a la Información que prohíbe publicar información de la personas por ser “confidencial” (véase artículo 113) como de Seguridad Nacional que en su artículo 51 establece como información “reservada” (es decir, no publicable) “aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen, o aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza”. Con esas dos restricciones, lo que se podrá dar a conocer será información irrelevante.
En lugar de querer hacer caravanas con sombrero ajeno, lo que se debería promover es una discusión seria sobre la relevancia de la agenda de seguridad nacional y los controles democráticos de las instituciones responsables de ella.
