El gasto en pensiones sigue su escalada y el déficit no da tregua a las cuentas públicas, pero el acuerdo en el Pacto de Toledo tendrá que esperar; no parece que haya prisa. Sus señorías llevan dos años deshojando la margarita en busca de un consenso que permita sostener el sistema público de pensiones, pero son incapaces de entenderse. Solo lo han hecho en una ocasión y la única medida adoptada ha sido de más gasto. Desde 2018 la revalorización de la nómina de los jubilados se ha ligado al IPC con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios, aunque con el voto en vota de organismos nacionales e internacionales.
Ayer la comisión del Congreso escenificó el desacuerdo que impedirá a sus señorías recomendar al Gobierno una hoja de ruta que permita legislar y apuntalar las pensiones, sobre las que pesa un déficit superior a los 19.000 millones de euros. La tarea queda para la próxima legislatura.
Tal y como avanzó ABC, el adelanto electoral ha dado la puntilla a unas negociaciones que ya estaban muy tocadas por la actitud del PSOE de legislar por libre, un proceder que ha dado a los grupos de la oposición la excusa perfecta para no poner sobre la mesa un acuerdo sobre pensiones que Pedro Sánchez podría rentabilizar en las urnas. El punto de inflexión en las negociaciones lo marcó el decreto de las pensiones aprobado en el último Consejo de Ministros de diciembre, que con el anzuelo de la revalorización del pago a los pensionistas el Gobierno incluyó además la eliminación de las bonificaciones a la contratación impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo logró sacar adelante este «cajón de sastre» con el apoyo de Podemos y ante el desconcierto de Ciudadanos, que cambió su sentido del voto a última hora y se unió al PP en su abstención
Ayer, sin embargo, todos los grupos señalaban a Podemos como responsable del fin de las negociaciones al anunciar más votos particulares a las recomendaciones que ya estaban casi cerradas y sin avisar de dicho posicionamiento al resto de grupos. En palabras de Gerardo Camps, el portavoz popular en la comisión, Podemos «se ha quitado la careta» y ha demostrado finalmente que «no cree en el Pacto de Toledo». «Estoy muy triste», aseguró la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos.
Fuentes de la comisión explican a ABC que en la reunión de ayer solo el PSOE y PNV se mostraron a favor de acelerar los trabajos para presentar el dictamen final antes del próximo 5 de marzo, fecha en que se disolverán las Cortes. «Es una falta de respeto acelerar una negociación que no hemos logrado cerrar en más de dos años solo por rentabilidad electoral», aseguran en el entorno de Podemos.
El Pacto de Toledo lleva intentando deshacer la madeja en la que está enredado desde que en septiembre pasado acordara volver a ligar la subida de las pensiones al IPC. Fue el primer fruto de unos trabajos que habían comenzado más de año y medio antes con el objetivo acuciante de poner sobre la mesa alternativas para asegurar la financiación y sostenibilidad del sistema público, para el que este año había presupuestados 153.864 millones, un 6,2%. Es la cifra más alta de la historia.
La subida general del 1,6% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas aplicadas en 2018 y este año han elevado la factura de las jubilaciones a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas. El pasado enero el gasto en prestaciones se disparó un 7%, hasta la cifra récord de 9.535,5 millones de euros. Hay que remontarse a 2009 para encontrar una tasa interanual de gasto en pensiones próxima a la registrada el primer mes del año.
A la salida de la reunión de ayer, Gerardo Camps explicó sobre el posible acuerdo que «no está suficientemente maduro el contenido y que, dado que se han convocado elecciones y se van a disolver las Cámaras, debería dejarse el acuerdo a la próxima legislatura por una cuestión de respeto democrático». «Que el último día y a última hora se cierre un acuerdo», dijo Camps, «es como decir que se lo dejamos acordado (a la comisión de la nueva legislatura) cuando les correspondería a ellos tomar una decisión».
Por el contrario, la portavoz socialista Mercé Perea, tachó de «electoralismo» el fin de las negociaciones y consideró injusto que eche por tierra un acuerdo que «estaba hecho». «Esta comisión no sirve para implantar un programa electoral, estamos buscando el consenso, que es lo mejor que le podemos decir a la ciudadanía», aseveró Perea. «Es una falta de respeto que hoy se venga con cien mil recomendaciones que no hemos visto y que no conocemos», dijo en alusión a Unidos Podemos. A última hora de la tarde Perea reclamó a Celia Villalobos que convocara a la comisión para debatir las medidas en las que se ha producido consenso. Aunque PP, Cs y Podemos no accederán a reunirse por considerar que «in extremis» no serán capaces de acordar nada que no haya sido posible antes.
Un acuerdo en falso
El portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, consideró que la convocatoria de elecciones «ha precipitado ahora todo» y, por lo tanto, no era partidario de cerrar un «Pacto de Toledo en falso». Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, consideró la actitud de Unidos Podemos «una irresponsabilidad», aunque aseguró que «tampoco ha ayudado la decisión del presidente Sánchez de convocar elecciones tan pronto». «Desde 1995 nunca había ocurrido y es la demostración de que en la actualidad la política española tiene enormes dificultades para generar acuerdos. En materia de pensiones no hay espacio para la disidencia partidista, debe haber esfuerzo en la construcción de los consensos», añadió.
Mientras sus señorías siguen enredados en discusiones, los números del sistema siguen escalando hasta cotas desconocidas. A un déficit de más de 19.000 millones se suma una deuda que este año escalará hasta los 65.000 millones, una cifra que refleja la situación crítica por la que atraviesa el sistema de previsión, que desde 2011 acumula números rojos en sus cuentas.
Recurso al Tesoro
Este año la Seguridad Social necesitará 15.000 millones del Tesoro para poder hacer frente al pago de las nóminas a los jubilados. Prácticamente la misma cantidad que precisó en 2018. El crédito inicial fue de 13.830 millones ese año, aunque esa cantidad se complementó posteriormente con otros 1.334 millones que el Estado transfirió a la Tesorería para apoyar «el equilibrio presupuestario». Ambas partidas sumaron 15.164 millones.
