El actual Gobierno de la Junta de Andalucía considera «viable» y una posible solución que la Ciudad de la Justicia se ubique, como ha adelantado ABC, en Palma Altas como proyectó en secreto el equipo de la exconsejera de Justicia, Rosa Aguilar.
El viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administracion Local, Manuel Alejandro Cardenete, ha confirmado que el Gobierno anterior «avanzó bastante en una posibilidad real» que era aprovechar las instalaciones del Campus de Palmas Altas que ahora comparten tanto Abengoa como la Universidad Loyola, a sabiendas de que la universidad se marcha en septiembre al nuevo campus en Dos Hermanas y que Abengoa también ha anunciado su salida para este verano.
«Se trata de instalaciones con siete edificios donde se ha hecho un estudio de viabilidad y de espacio que podría ser ocupado para desarrollar esa Ciudad de la Justicia que se viene demandando tanto por parte de jueces y letrados, como por parte de la ciudadanía», ha asegurado el número dos de la Consejería.
En este sentido, ha recordado que la Ciudad de la Justicia ha tenido ya hasta cinco opciones de ubicación desde la parcela del antiguo Cuartel de Artillería, una parcela en la Expo 92, el Puerto de Sevilla, el Prado de san Sebastián y la penúltima opción que son Los Gordales, con lo que ya estaríamos en la sexta opción.
Tiene el informe
El Ejecutivo ha admitido que hay un informe que le pasó el Gobierno anterior donde se analizan las posibilidades de esos siete edificios, con casi 48.000 metros cuadrados, a nivel de viabilidad física para trasladar prácticamente todos los órganos unipersonales del partido judicial de Sevilla, a sabiendas de que prácticamente quedaría en el Prado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia, la Fiscalía y, probablemente, el Registro Civil debido a la proximidad con el ciudadano. «El proyecto sería viable, incluso no ocuparía todo el campus completo para lo que sería una verdadera Ciudad de la Justicia», ha dicho Cardenete.
Además, aseguran que el tema está en su cartera y que el próximo viernes el vicepresidente, Juan Marín, en calidad de consejero de Justicia, se reunirá con el alcalde de Sevilla y este tema se planteará en dicha reunión.
Segun la Consejería, el campus de Palmas Altas costó en su momento más de 130 millones de euros y lo que se está analizando ahora no es solamente el ahorro que supondría abandonar todas las instalaciones alquiladas, sino también el mantenimiento de las instalaciones porque consideran importante no sólo como se mudan a las nuevas instalaciones, sino también lo es cómo se mantendrán allí.
La Junta de Andalucía recuerda que estas instalaciones tienen la categoría de eficiencia energética, el Platinum, y que eso implica que también supondría ahorro de costes de mantenimiento. «Por tanto, en esto momentos lo que se está empezando a ver es la parte de la viabilidad económica», aseguran.
Además afirman que hay viabilidad física, un informe y un estudio para ver si cabrían todos los juzgados, y caben todos, pues hay incluso posibilidad de crecimiento con edificios no ocupados en una primera fase, y posibilidad de expansión en las instalaciones. «Ahora estamos en la fase cuantitativa o económica, en un momento que es adecuado, ya que estamos trabajando en los nuevos presupuestos del año 2019, con lo que cual sería un momento ideal para acometer este tipo de cambios», han asegurado.
Sin fechas
Aunque el Ejecutivo no ha querido hablar de plazos ya que primero tienen que trasladarse las empresas que se encuentran ahora mismo allí, admiten que antes de verano no será posible, porque ni la Universidad Loyola habría acabado su curso académico ni Abengoa habría realizado su traslado.
Se trata de un asunto que la Junta considera que está en su genda y que el consejero «tiene claro que una de las prioridades es dar cobertura al sistema judicial que tenemos en Andalucía» además de reconocer que hay que seguir invirtiendo y creciendo para que el servicio se pueda dar. El ejecutivo recuerda que las competencias de la Junta de Andalucía con respecto a Justicia consisten en dar los medios para que la Justicia se desarrolle, no la competencia jurídica o de gestión que depende del Ministerio, pero si tiene que darle los materiales para que se desarrolle.
«Podemos garantizar que durante este mandato si todo va bien, dentro de la prudencia que hay que tener en estas primeras semanas de Gobierno, este proyecto supone una vía de posible gran solución, después de cinco ubicaciones previas», han dicho afirmando que, si la sexta opción es la buena, «bienvenida sea para que Sevilla tenga la Ciudad de la Justicia que necesita, que se merece, y que la ciudadanía pide, pues tenemos que dar esa cobertura a los ciudadanos.
Además, el Ejecutivo asegura que con el campus de Palmas Altas habría margen para tener más juzgados y que en Sevilla el colapso físico es el que es, no se pueden alquilar más edificios, es ineficiente.
El vicepresidente va a plantear al alcalde de Sevilla que «para que todo esto acabe en buen puerto, que debido a que es una zona de desarrollo nueva, haya nuevos accesos, pues hay pero todavía no lo suficiente. En cualquier caso reconocen que Palmas Altas tiene un problema de acceso, aunque se ha mejorado con la pasarela sobre la SE-30, pero no tiene todavía un buen desarrollo de autobuses por ejemplo. Tambien consideran positivo el nuevo gran centro comercial que se abrirá en breve cerca del campus, y que está invirtiendo en el acceso al mismo. «Ahí existe una colaboración público privada de la que nos podríamos ver beneficiados.
Y han recordado que no solo hay que valorar la parte interna de ubicación del edificio, sino el cómo llegar y que haya un servicio disponible para los ciudadanos».
