El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 327.2 millones de pesos a los partidos políticos por las irregularidades detectadas en los ingresos y gastos durante el 2017; a la par de que concedió una prórroga para subsanar algunas de sus obligaciones.
Durante la sesión pública del Consejo General, el presidente del Lorenzo Córdova, aseguró que el trabajo de fiscalización que realiza la autoridad electoral evitará que los partidos se conviertan en cajas negras de proselitismo.
“Aún falta mucho por recorrer para que los partidos sean las organizaciones políticas que demanda la democracia en el siglo XXI a nivel internacional y local, creo que este es un ejercicio que lejos de buscar sancionar a los partidos, como si ese fuera un objetivo per se, lo que busca es generar contextos para fortalecer imagen de propios partidos ante la sociedad mexicana”, dijo.
No obstante, la consejera Pamela San Martín consideró que darles tiempo a los partidos para que ejerzan el recurso que tenían previsto para el 2017, es una forma de conceder un perdón a un incumplimiento expreso a la ley.
Recordó que la sanciones que se imponen, y que en esta ocasión no se harán, no exime a los partidos de destinar los recursos previstos para actividades específicas, liderazgo político de las mujeres; así como el pago de impuestos o subsanar las cuentas por cobrar o pagar.
Pese a ello, el consejero Ciro Murayama recordó que el global de las sanciones que se aprobaron este lunes, apenas involucran el 1.6 por ciento del universo de recursos fiscalizado a los partidos lo que muestra un alto nivel de cumplimiento.
“Se detectaron faltas en los ingresos por 82.4 millones de pesos, es decir, el 1.01 por ciento del ingreso neto de los partidos en 2017 tuvo alguna inconsistencia; o para decirlo de una manera que no será aplaudida por quienes quieren encontrar en los partidos solo malas conductas, el 99 por ciento de los ingresos estuvieron debidamente acreditados”, agregó.
Frente a este panorama la mayoría de los consejeros coincidieron en el objetivo de esta “transferencia de saldos” aprobada es que antes de sancionar se aseguren que los recursos de los partidos lleguen a su destino final, que son las haciendas públicas y las actividades que propicien el desarrollo político de las mujeres.
A lo largo de la discusión, el consejero Benito Nacif, quien preside la Comisión de Fiscalización, propuso investigar más fondo las aportaciones en efectivo que reciben los partidos, con el fin de evitar alguna irregularidad; sin embargo, la propuesta no contó con el respaldo de la mayoría.
