El 22 de diciembre de 1979 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, tras su promulgación varios días antes y la votación (y aprobación) correspondiente de los ciudadanos de la región el 25 de octubre de ese mismo año -la misma fecha en la que los del País Vasco ratificaron su Estatuto, aún hoy vigente-. Entre los 57 artículos, 7 disposiciones adicionales y 8 disposiciones transitorias, el texto normativo de 1979 (ley orgánica) incluye una concreción temporal indeterminada sobre la regulación que debe regir la convocatoria de elecciones autonómicas y el reparto de escaños en el Parlamento de Cataluña.
La disposición transitoria cuarta (DT4ª) establece, entre plazos y una referencia indirecta a la ley electoral de ámbito nacional para lo que «no esté previsto» en esta disposición, que «las circunscripciones electorales serán las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona» y que la Cámara autonómica estará integrada «por 135 diputados, de los cuales la circunscripción de Barcelona elegirá un diputado por cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85 diputados. Las circunscripciones de Gerona, Lérida y Tarragona elegirán un mínimo de seis diputados, más uno por cada 40.000 habitantes, atribuyéndose a las mismas 17, 15 y 18 diputados, respectivamente». El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 no modificó una sola coma de la DT4ª de 1979 y así lo recoge en su disposición transitoria segunda (DT2ª).
Según el diccionario jurídico de la Real Academia Española, las disposiciones transitorias «deberán utilizarse con criterio restrictivo y delimitar de forma precisa la aplicación temporal y material de la disposición transitoria correspondiente (...)». Como en 1979 no se limitó el plazo para que el Parlamento autonómico aprobase una ley electoral, la DT4ª (1979), ahora DT2ª (2006), es, de facto, la ley electoral de Cataluña.
Así, desde entonces, van para cuarenta años que Cataluña no tiene una ley electoral de ámbito autonómico, estudiada, debatida y votada. Esta es la única región de España en esta situación, pese a tener competencias plenas para estructurar su sistema electoral. No deja de ser curioso que los grupos políticos independentistas, nacionalistas y catalanistas reclamen, día sí y día también, más competencias al Gobierno de España y a las Cortes Generales, tanto ejecutivas como legislativas, pero cuando tienen una oportunidad (una más) para demostrar «la singularidad democrática del pueblo catalán» no encuentran el momento (¡cuarenta años!) para demostrar al mundo que son el pueblo elegido. Es comprensible que así sea, pues en Cataluña rige, entre otras, la máxima pujolista de que no es bueno abusar del «hombre poco hecho». Y a ello se han dedicado ERC y CiU, PDECat o Junts per Catalunya (que tanto da), bloqueando cualquier intento de progreso en esta materia. Son, al fin y al cabo, las formaciones que salen beneficiadas de la aplicación de una norma «tutelada por el franquismo sociológico», «el ruido de sables» y «los militares», en lenguaje independentista y populista, ahora tan de moda para denostar lo que significó la Transición.
La representación parlamentaria en el Palacio de la Ciudadela de Barcelona tiene que cumplir dos premisas teóricas: proporcionalidad y territorialidad. Más proporcionalidad (un hombre -y una mujer, claro-, un voto ) significa menor territorialidad (Lérida y Gerona son más Cataluña que Barcelona y Tarragona). Ahora, sin embargo, la territorialidad se impone a la proporcionalidad. El campo, a la ciudad. El carlismo, al cosmopolitismo. El nacionalismo, al republicanismo. Con un añadido: mientras no cambie legislativamente, supone regocijarse en lo más decimonónico de España. Aquí, PP y PSOE son lo mismo que CiU y ERC. De ahí que sean los populistas (IU antes, Podemos ahora) y Cs lo más interesados en el cambio del sistema electoral en el país, y también en Cataluña.
Sin embargo, para el caso catalán, socialistas y conservadores han movido ficha. Hace unas semanas, el PP se unió al PSC y presentó una propuesta de ley electoral. Nueva ronda de buena voluntad. Los comunes (herencia de ICV-EUiA) tienen su proyecto articulado y barajan hacerlo público. En Cs, a estas alturas de la legislatura, se lo están pensando. Y, en el cajón de los olvidos por alguna sala perdida del Parlamento autonómico, vagabundea la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, tras cinco años de «si te he visto, no me acuerdo», obtuvo el visto bueno del pleno en febrero de 2015. Ya se sabe, al pueblo solo hay que hacerle caso cuando coincide con las premisas de uno. Si no, piano piano.
Por lo tanto, sin ley autonómica o cambio del articulado estatutario, victoria del inmovilismo electoral y del voto rural bonificado. De hablar de modelos de sistemas electorales, alemán (mixto: ideológico y local, básicamente), holandés (proporcional rectificado por territorio, sobre todo) o listas abiertas y desbloqueadas, por ejemplo, o de fórmulas imaginativas (¡y no será por falta de hombres con fantasía!), nada de nada. El bloqueo es total. Para aprobar la norma se necesitan 90 votos de los 135 que forman el Parlamento de Cataluña (¡el 6 y 7 de septiembre de 2017 se aprobó una Sindicatura Electoral para un referéndum ilegal con solo 70 votos!). Sin transacciones entre los bloques (proporcionalistas versus territorialistas) no hay nada que hacer. Con el añadido de que cualquier cambio que no sea por unanimidad solo hará que engordar el victimismo político (con razón o sin ella) del discrepante.
Al margen de todo el sistema de reparto, los acuerdos que más consensos tienen entre las formaciones políticas (reflejado en una ponencia parlamentaria desarrollada en la pasada legislatura): menos gasto en propaganda, mailing único y organización de la administración electoral. Cambios que no se pueden aplicar porque no hay acuerdo para modificar el sistema de reparto de escaños. ¡Y va para cuarenta años!
