«Estamos a favor del diálogo institucional que nos representa a todos, pero siempre dentro de la legalidad. No estamos para que caiga ningún Gobierno, pero sí para que éste rechace los 21 puntos que Torra entregó a Sánchez. El presidente del Gobierno debe tenernos en cuenta». Con estas palabras, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, justificó la concentración celebrada este domingo ante la Delegación del Gobierno en Barcelona, bajo el lema «Catalanes con la España constitucional», al mismo tiempo que se llevaba a cabo la masiva concentración en Madrid.
Alrededor de 400 personas, en un ambiente festivo pero a la vez reivindicativo y sin que se produjeran incidentes, protestaron por una negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, en manos de los partidos independentistas, que, en opinión de los convocantes, está dejando al margen a la sociedad catalana no secesionista. La concentración, convocada solo unos días antes por Impulso Ciudadano y S’ha Acabat! -y que podría ser el anticipo de otra el próximo día 17-, tenía como finalidad que el Ejecutivo del PSOE tenga en cuenta que Cataluña es plural y que, además de las demandas de los secesionistas, se tienen que tener en cuenta lo que piden los ciudadanos que no apuestan por romper el país.
«Si hay negociación, se tiene que tener en cuenta nuestra posición sobre el uso de los espacios públicos, sobre el uso de las lenguas en la administración de la Generalitat y, por ejemplo, sobre la libertad de expresión», señaló Domingo, que valoró como «inasumible» que «tengan rédito político los que se saltan la Constitución», en referencia a las posibles prevendas que puedan obtener las formaciones independentistas. El acto en sí, que duró una media hora y finalizó con el Himno Nacional, consistió, básicamente, en la lectura de un manifiesto por parte del expresidente de Societat Civil Catalana y catedrático de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas, y desde el que se reclamó que los derechos de los ciudadanos no secesionistas de Cataluña dejen de ser «sistemáticamente silenciados», tanto por los gobiernos de la Generalitat como por los del Ejecutivo nacional, ahora en manos del PSOE.
Así, exigieron al Gobierno un rechazo «explícito» de los 21 puntos planteados por el presidente autonómico, Quim Torra, en la reunión que mantuvo este con el presidente Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre; que se reconozca que la administración autonómica en Cataluña está «vulnerando» los derechos fundamentales; que se adopten medidas para solucionar esto; y, sobre todo, que «se declare que ninguna solución a la situación en Cataluña puede intentarse desconociendo las aspiraciones de los catalanes constitucionalistas».
Se recordaron los hechos de septiembre y octubre de 2017 («infaustas semanas»), que llevaron a tensionar la sociedad catalana como nunca se había visto. Y se calificó de «valiente» el discurso del Rey Felipe VI a todo el pueblo español, el 3 de octubre de 2017, defendiendo el orden constitucional. Los organizadores cifraron en 2.000 personas las asistentes al acto y la Guardia Urbana rebajó la cifra a 300.
