La lucha de mujeres que creen haber dado a luz a bebés que les dijeron que habían muerto, pero que están convencidas de que les fueron robados y entregados a parejas que no podían tener hijos lleva años estancada y no son raros los casos en los que estas madres fallecen sin poder saber el paradero de SUSs descendientes. Con frecuencia, los familiares de esas mujeres, en muchos casos otros hijos, se han criado en casa escuchando a sus madres lamentarse por ese hermano que nunca conocieron y a su muerte sienten la necesidad de seguir el rastro e intentar llegar a reencontrarse con él o ella cumpliendo así el último deseo de sus madres. Pero para buscar documentación clínica de los partos de su madre o certificados de nacimiento y defunción chocan con la Ley de Protección de Datos, que dificulta que alguien acceda al historial clínico de otra persona ajena. Una cortapisa que la Consejería de Salud, aún bajo el Gobierno del PSOE, acordó eliminar mediante un protocolo para que su personal sanitario atienda estas demandas con todas las garantías legales y que fija que, en caso de mujeres fallecidas o incapacitadas legalmente, «las personas vinculadas a ella por razones familiares o de hecho» puedan solicitar su historial clínica del parto.
Este protocolo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fue presentado en enero a las asociaciones de bebés robados por los responsables de Sanidad y Justicia en funciones, si bien está en vigor con el nuevo Gobierno según confirmaron desde la Consejería de Salud. En él se fija que «el plazo máximo establecido para resolver estas solicitudes es de un mes, a contar desde la recepción de la misma, pudiendo prorrogarse otros dos meses dependiendo de la complejidad». En muchos casos se trata de localizar documentación de «partos de hace más de dos décadas». Una de las grandes dificultades es que muchos hospitales y clínicas en los que estas mujeres dieron a luz ya no existen, por ejemplo el Hospital de las Cinco Llagas que hoy es la sede del Parlamento andaluz.
Por ello, el SAS ha elaborado un inventario o guía de archivos que indica qué hospital actual guarda los archivos de centros ya cerrados. Un inventario que manejará el personal de las oficinas de atención al ciudadano de los centros y las delegaciones provinciales de Salud –quienes atenderán las solicitudes– y que se ha remitido a las asociaciones de bebés robados y será «público y accesible», además de «actualizado en caso necesario».
Estas asociaciones se movilizaron el pasado fin de semana en Madrid contra cualquier paso atrás en la Memoria Histórica, que incluye la investigación del robo de bebés en la dictadura y la Transición. Una ley que en Andalucía, el PP ha pactado con Vox sustituir por una Ley de Concordia. Desde Sevilla Bebés Robados, su secretario, Alfonso Cárdenas, confía en que no se derogue.
Además, el 15 de enero, el Consejo Rector de Biobanco del SAS aprobó la recogida de muestras biológicas de donantes vivos para custodiarlas con vistas a «un futuro en el que se pueda investigar y arbitrar un banco de ADN» para cotejarlas y permitir a madres e hijos o hermanos reencontrarse, según explicó Cárdenas. Para ello es necesario diseñar también un protocolo para la recogida de estas muestras, el consentimiento informado, los criterios para la donación y crear un comité de seguimiento.
