El pasado 21 de diciembre, el líder del Partido Popular acusó por primera vez al presidente del Gobierno de haber cometido "un acto de traición a España". Pablo Casado escogió ese término para valorar la reunión que el día antes habían mantenido en Barcelona Pedro Sánchez y Quim Torra. La acusación del dirigente conservador se quedó ahí hasta esta semana, cuando la ha recuperado a raíz de la figura del mediador acordada por el Ejecutivo y la Generalitat para la mesa de partidos.
En la rueda de prensa que dio el pasado miércoles, Casado ha ido más allá que ese 21 de diciembre. "Es el mayor traidor que tiene nuestra legalidad" ha dicho sobre el jefe del Ejecutivo, al que también se ha referido como "un presidente ilegítimo". Ha hablado de "alta traición" y "felonía": "Es un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española".
La de traición es la acusación más grave que se puede hacer a un presidente por actos cometidos en el ejercicio de su cargo y la Constitución exige para la imputación de este tipo de delitos un procedimiento especial que pasa por una votación en el Congreso de los Diputados.
El artículo 102 de la carta magna establece que el presidente y sus ministros están aforados ante el Tribunal Supremo y prevé un único modo de iniciar un procedimiento por traición contra el jefe del ejecutivo: "Solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo".
Si el PP quisiera llevar las acusaciones que su líder repite en los medios hasta sus últimas consecuencias podría hacerlo con solo plantearlo en Congreso, pero tendría que conseguir una mayoría de 176 votos para que la acusación forzase el inicio de un proceso penal en el Tribunal Supremo. La formación que dirige Pablo Casado dispone de más de la cuarta parte de diputados que exige la Constitución para abrir el debate pero no cuenta con el peso suficiente como para ganar la votación.
En el entorno de Pablo Casado aseguran que la opción de plantear una acusación formal "no está sobre la mesa" y Rafael Catalá, uno de sus principales asesores, explica a eldiario.es que la acusación de "traición" contra Sánchez es solo "un recurso dialéctico".
No es la primera vez que el líder del Partido Popular relaciona a Sánchez con graves delitos. Además de en diciembre, lo hizo el pasado 24 de octubre, durante un debate en el Congreso. Pablo Casado aseguró desde la tribuna aquel día que Pedro Sánchez era un golpista. Sus palabras causaron una breve ruptura de relaciones entre el partido que sustenta al Gobierno y la principal fuerza de la oposición. Fue aquella trifulca la que ha provocado que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, proponga ahora borrar de las actas de sesiones las palabras "golpista" y "fascista"; dos términos cada vez más en uso en el airado debate político.
En cuanto a la "traición", el Código Penal lo tipifica en el grupo de delitos más graves contra los intereses del Estado y lo relaciona con la inducción a la guerra, el favorecimiento del enemigo y el espionaje. En sus diferentes grados puede acarrear penas de cárcel de hasta 20 años.
El presidente del Gobierno puede ser acusado de cualquier delito ante el Tribunal Supremo, excepto de traición. Para una imputación de esas características es necesario, según la Constitución (artículo 102.2), que el Congreso se ponga de acuerdo con una votación que requiere mayoría absoluta. En el caso de que esa votación se produzca, la Fiscalía se daría por interpelada para analizar si formula o no un procedimiento contra el jefe del ejecutivo.
Por el momento, el PP no ha dado ninguna pista de ir a emprender ese camino pese a la escalada dialéctica de su líder Pablo Casado, que este miércoles insultó gravemente y repetidas veces al presidente del Gobierno.
