El juez del caso Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción desconfían de que la X de la Operación Kitchen sea el antiguo director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. A pesar de que el comisario evitó mencionar a sus superiores políticos en Interior durante su declaración como imputado, la investigación comienza a apuntar hacia ellos y a otro lugar ajeno al Ministerio, la sede central del Partido Popular en la calle Génova. Es allí donde tendrían su despacho los "dirigentes" a los que alude el juez en recientes autos y que habrían utilizado a policías para objetivos ajenos a los de la investigación de la caja B de la formación que ya seguía en 2013 la Audiencia Nacional.
En los autos sobre medidas cautelares impuestas en las últimas semanas en el marco de la pieza secreta 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, el juez Manuel García Castellón incluye la siguiente frase: "Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones".
El magistrado instructor alude a un "operativo parapolicial" que tendría unos beneficiarios claros, "diversos dirigentes" del Partido Popular a los que "comprometería" la documentación en poder del tesorero que los agentes tenían la misión de sustraer. Por el momento, el juez y los fiscales Anticorrupción no van más allá, si bien en otro auto ajeno a la pieza 7 se destaca el papel de un mando policial, entonces en excedencia y trabajando a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Cospedal compaginaba el gobierno autonómico con su cargo de número dos de Mariano Rajoy en el PP.
Se trata de Andrés Gómez Gordo, ascendido a comisario por el último Gobierno del Partido Popular, e imputado actualmente en la pieza 7 del caso Villarejo por haber captado presuntamente al chófer que actuó de topo en casa de los Bárcenas. En un auto con fecha del 1 de febrero, el juez ordena acumular la investigación al comisario Enrique García Castaño, El Gordo, a la de la Operación Tándem o caso Villarejo. El anterior instructor, Diego de Egea, había decidido deslindar ambas causas a pesar de los evidentes vínculos entre ellas. La decisión fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación popular, que ejerce Podemos.
En el relato que hace García Castellón sobre la colaboración presuntamente delictiva entre los comisarios Villarejo y García Castaño, el juez pone como ejemplo la Operación Kitchen. En el marco de este operativo se produce una "relación directa de ambos investigados con quienes intervienen en el proyecto, principalmente el investigado Sergio Ríos Esgueva (el chófer) y Andrés Gómez Gordo, que no se explica sino dentro de ese marco colaborativo", recoge el citado auto.
Gómez Gordo regresó a la Policía en el último tramo de la Operación Kitchen, en marzo de 2015. Fue destinado a un puesto muy sensible, la jefatura de Vigilancias de la UDEF, con control sobre todas las investigaciones contra la corrupción, entre otras. Pero en una decisión poco habitual, Pino le ordenó que repartiera su tiempo entre ese puesto y la Dirección Adjunta Operativa, donde anidaba la policía política. A los seis meses de dejar su puesto de director de Análisis y Documentación en Castilla-La Mancha y regresar a la Policía, Gómez Gordo fue condecorado con una medalla pensionada.
Más allá de Gómez Gordo está acreditada una relación directa entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo. Así quedó de manifiesto en un audio publicado por moncloa.com y que grabó el policía. En él se recoge el primer encuentro personal entre ambos el 21 de julio de 2009. La secretaria general del PP recibe en su despacho de la planta noble de Génova, en secreto, al comisario. Se lo presenta su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quien conoce a Villarejo desde hace años y con quien el comisario asegura haber hecho "muchas maldades". Otras conversaciones publicadas por el mismo medio abundan en la colaboración entre López del Hierro y Villarejo para sabotear el caso Gürtel. Estas grabaciones acabaron con la carrera política de Cospedal.
El Partido Popular ganó las elecciones generales en diciembre de 2011 y Mariano Rajoy encomendó el Ministerio del Interior a Jorge Fernández Díaz. La nueva cúpula policial fue el resultado de un choque de intereses entre distintos dirigentes del PP. Finalmente, al frente de la misma se ubicó al comisario Pino, quien se dedicó a crear una nueva estructura secreta en el seno de la Dirección Adjunta Operativa que superaba las competencias legales de la Policía y que se dedicó a intentar combatir el proceso soberanista en Catalunya y a otros miembros de la oposición, como Podemos. En la DAO, como una especie de agente liberado, trabajaba ya con el PSOE José Manuel Villarejo. Y allí continuó con la llegada del PP al Gobierno.
La Operación Kitchen ha revelado cómo esa brigada política no solo fabricó informes contra la oposición democrática sino que se encargó de encubrir al Partido Popular. La Kitchen es, según plasma el juez en los citados autos, "un encargo asumido entre los años 2013 a 2015 por órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado y más concretamente del Ministerio del Interior". En este punto, el magistrado alude al uso de fondos reservados, una materia competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El más alto cargo imputado hasta ahora por el espionaje a Bárcenas es Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía y artífice de la brigada política. Por encima de él estaban el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el ministro Fernández Díaz. La investigación judicial todavía no dice que sean ellos quienes integraran los "órganos superiores y/o directivos" del Ministerio del Interior que se situarían entre los dirigentes del PP y los mandos policiales que siguieron a la familia de Bárcenas y le robaron diversa documentación, si bien no podrían ser investigados por la Audiencia Nacional por estar aforados ante el Tribunal Supremo.
Cosidó es el portavoz del Partido Popular en el Senado, uno de los pocos premios que un jefe de la oposición puede repartir entre sus subordinados, lo que da cuenta de la confianza depositada en él por el actual presidente del partido. Pablo Casado no tuvo reparos en incluirle en su Ejecutiva junto a Fernández Díaz, pese a las evidencias del uso partidista que ambos hicieron del Ministerio del Interior. Francisco Martínez, un hombre de Soraya Sáenz de Santamaría, conserva su escaño a pesar de la absoluta falta de sintonía con la actual dirección, que le ha permitido continuar como portavoz del Grupo Popular en la comisión constitucional.
Ignacio Cosidó se defiende una y otra vez asegurando que él no tuvo conocimiento de la Operación Kitchen, a pesar de ser el máximo responsable de la Policía, y no pierde oportunidad para recordar que la gestión de los fondos reservados correspondía a Martínez, como secretario de Estado de Seguridad. Cosidó insiste en que él no trataba con Villarejo, algo que no han defendido Fernández Díaz y su número dos, quienes mantenían hilo directo con el comisario acusado de liderar por entonces una organización criminal. Martínez, cuyas frecuentes llamadas con el comisario aparecen en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás, defiende que su trato con Villarejo se ceñía a la lucha antiterrorista.
