Así se expone en una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, encargado de juzgar a partir del próximo 9 de abril a la extesorera de los 'populares' Carmen Navarro, al informático José Manuel Moreno y al abogado de la formación Alberto Durán, así como al propio PP.
Las sesiones comenzarán el próximo 9 de abril, a las 9.45 horas, con las cuestiones previas y continuarán los días 10, 11, 12 y 15 del mismo mes. Según la misma diligencia, durante la segunda jornada tendrá lugar las declaraciones de los cuatro acusados, que únicamente se enfrentan a las penas solicitadas por la acusación popular ejercida conjuntamente por IU, Adade y el Observatori Desc.
Por su parte, Izquierda Unida pide que el PP sea penado con una multa de 10,8 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que Navarro, Durán y Moreno sean condenados a cuatro años y dos meses de prisión por estos dos delitos y el de encubrimiento.
El Observatori Desc solicita para la extesorera del PP la pena de dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático interesa la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. Para la formación política pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones por un plazo de cinco años.
Asimismo, estas dos acusaciones consideran necesario que los cuatro acusados indemnicen a Bárcenas como perjudicado con la cantidad que reclame.
Ese mismo miércoles 10 de abril, es el día señalado para que Bárcenas y Cospedal, entre otros testigos, comparezcan ante el juez Eduardo Muñoz de Baena. Las testificales continuarán en la siguiente jornada; mientras que el día 12 de abril está reservado para los peritos, quedando la última sesión para las conclusiones finales.
Luis Bárcenas, que se encuentra en prisión cumpliendo la condena de 33 años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel, acudirá finalmente a este juicio como testigo --a petición de IU--, y no en calidad de acusación particular, como inicialmente estaba personado. El extesorero se retiró de este procedimiento en septiembre de 2016 cuando el borrado de los discos duros aún estaba en instrucción.
En cuanto a la que fuera 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal, comparecerá en la sede judicial tras ser solicitado por IU y el Observatori Desc, al considerar que tenía "conocimiento de los hechos investigados" por la declaración que prestó como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, durante la instrucción del caso Gürtel y los denominados 'papeles de Bárcenas'.
Asimismo, ambas acusaciones destacan la "condición de superior jerárquica" de Cospedal sobre el informático y la extesorera y que adoptó la decisión con ésta última de "prohibir la entrada" a Luis Bárcenas a la sede de los 'populares', hecho que desencadenó esta causa que ahora se juzga.
Así las cosas, la única acusación que existe es la de IU, Adade y el Observatori Desc, pues la Fiscalía considera que este caso debe ser archivado porque, a su juicio, no existen "indicios relativos a ciertos extremos esenciales" y sostiene que la única versión sobre estos hechos es la de Bárcenas, aunque la considera "inverosímil y contradictoria".
Por ello, el Ministerio Público pide la absolución para todo ellos o, en su caso, la aplicación de la 'Doctrina Botín', que adoptó este nombre cuando el banquero fallecido Emilio Botín evitó ser juzgado al establecerse que no se puede mantener un procedimiento judicial sólo con la acusación popular. El PP y Carmen Navarro también intentaron evitar sentarse en el banquilllo de los acusados utilizando esta figura, pero la juez instructora desestimó esta pretensión.
La vista oral se iniciará más de un año después de que la juez instructora de Madrid, Rosa María Freire, enviara a juicio a la extesorera de los 'populares' Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado Alberto Durán, por los delitos de encubrimiento y daños informáticos y al PP, como persona jurídica, sólo por el segundo de ellos. La juez vio claros indicios de que los documentos almacenados fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".
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