Hasta el último minuto. El Gobierno en funciones continuó con la tramitación de la Ley de Memoria Histórica sobre la bocina, como viene informando este diario. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 29 de enero recoge, en base a una orden del 17 de enero, un día después del debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, la aprobación de «las actuaciones de indagación-localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, si procediera, en las localidades de Padul, Víznar, Tocón de Íllora, Jerez, Alfacar, Cádiz, El Puerto de Santa María, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción y Prado del Rey», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Se trata, en estos casos, de «actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, la identificación de los restos de personas desaparecidas, víctimas de la represión». Con la firma del, cuando se aprobó la orden, vicepresidente Manuel Jiménez Barrios se aprueba «la propuesta del Comité Técnico de Coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra, regulado por Orden de 9 de julio 2013, las actuaciones de indagación-localización, delimitación, exhumación e identificación genética». La orden alude a las sesiones celebradas «los días 22 de abril de 2016, 3 de julio de 2017, 18 de enero de 2018, 20 de junio de 2018 y 20 de diciembre de 2018». La última fecha, casi tres semanas después de las elecciones autonómicas.
La Memoria Histórica es uno de los asuntos que están sobre la mesa tras la doble negociación entre PP y Cs y PP y Vox para conformar Gobierno. El PP recoge en su programa la derogación de la Ley de Memoria Democrática y su sustitución por una Ley de Concordia, ante la que Ciudadanos tendrá que posicionarse. De entrada, Juan Marín se ha hecho con las competencias para tener mayor potestad en esta materia, al igual que en otro de los temas más cuestionados por Vox, como es la normativa de violencia de género.
Previamente a la nueva orden de exhumación y en la misma línea, el Gobierno en funciones ha venido desarrollando la normativa, sin considerar que el nuevo Ejecutivo tiene la intención, al menos por parte del PP, de derogar la ley y sustituirla por la citada nueva ley de concordia. El Ejecutivo de Susana Díaz en funciones aplicó competencias hasta el último momento, delimitando, como adelantó este diario en base al BOJA del pasado 16 de enero, en cinco provincias los llamados espacios de la memoria con enclaves simbólicos, como, por ejemplo, la esquina en la que fue asesinado García Caparrós. Antes y en la misma línea, el portal de la transparencia recoge más de 60 subvenciones en materia de memoria democrática, con fecha de 18 de diciembre, más de dos semanas después del resultado electoral que arrojó una mayoría de los denominados partidos de derechas. Justo en esa fecha, el PSOE dejaba claro que no apoyaría un Gobierno de Cs para evitar el pacto con Vox. Las subvenciones en su conjunto superan los 186.000 euros. La Universidad de Cádiz recibió la ayuda más alta, 8.800 euros; y la de Granada, 6.000 euros.
El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó en marzo de 2017, con el apoyo de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y Cs –al no aceptarse ninguna de sus enmiendas al texto–, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, un texto que contemplaba la creación de una comisión de carácter independiente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía. Las conclusiones tenían que ser enviadas a una denominada comisión de la verdad nacional, órgano cuya creación defiende el PSOE.
Durante el debate de investidura del nuevo presidente, tanto Susana Díaz como Teresa Rodríguez reprocharon al presidente Juanma Moreno el acuerdo para derogar la Ley de Memoria Democrática. Por su parte, el líder de Vox, Francisco Serrano, criticó la ley de «supuesta memoria histórica» ya que se trata de «un claro ejercicio de manipulación intelectual de la extrema izquierda». Francisco Serrano descalificó el texto porque promueve la «amnesia histórica».
