La realidad judicial tiene a veces tintes de realismo sucio. La Faja Pirítica de Huelva centra una parte de las investigaciones en las que se ha atomizado la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por los gobiernos andaluces socialistas y presuntamente fraudulentos. La instructora originaria del «macroproceso», Mercedes Alaya, sostuvo que el estudio de las actuaciones ligadas a ese expediente conducía a considerar «acreditado» que a «instancias» del ex directivo de Uniter José González Mata «y siguiendo presuntas instrucciones» del ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, se incluyeron en el ERE como «intrusos» a cinco trabajadores de la empresa Almacenes Delgado, quienes «nunca habían trabajado» en mina alguna.
Luego la burbuja creció y la sucesora de Alaya en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, abrió una pieza separada para analizar las ayudas públicas concedidas a varias empresas de la Faja Pirítica onubense en la que insertó a más de 200 encausados. En ese ámbito, ayer declaró González Matas en torno a los prejubilados de en concreto Almacenes Delgado, un economato del Cerro del Andévalo que abastecía a la Faja Pirítica y acabó con las puertas cerradas, y según fuentes del caso, éste explicó en sede judicial que «los trabajadores se prejubilaron en la póliza de la mina de Tharsis porque se lo dijo Javier Guerrero». Luego el ex mediador se refirió, a que «también estaban los 'mineros de Chaves' –Manuel, ex presidente del Ejecutivo autonómico, enjuiciado ya en el bloque político de la 'macrocausa' y a la espera de sentencia–», de acuerdo a lo trasladado a LA RAZÓN por las mismas fuentes. En ese punto, confirmó que «le llegó una carta por fax de Presidencia de la Junta para incluir» a «los mineros que habían reclamado» al ex presidente. Alguno escribió a Chaves, en efecto, pero el abogado de éste defendió en el juicio que las misivas que se recogían en Presidencia se remitían a la «consejería competente en razón de la materia», espolvoreando culpas. El ex directivo de Uniter no dudó en aportar una «anécdota» gráfica: «Uno que estaba en la cárcel por tráfico de drogas, y al salir se incluyó como prejubilado» en un ERE. Fuentes del entorno de Guerrero aseguraron ayer a este diario que el ex director «no conocía a nadie» de la zona del Cerro y que él transmitía «las propuestas que le hacían los sindicatos» respecto a las prejubilaciones judicializadas.
