Bodas, bautizos y comuniones en entornos naturales protegidos. El negocio de las fincas rústicas para la celebración de eventos sociales en parajes atractivos para hacerse la foto se ha implantado en la Comunidad de Madrid: hay 132 espacios dedicados a este fin en la región, según datos recogidos por Ecologistas en Acción. La organización ha elaborado un mapa y ha estudiado el impacto ambiental que esta actividad tiene en cada uno de los entornos protegidos. La mitad de estas fincas, un 48% según sus cifras, se sitúan en espacios con algún tipo de protección: o bien en parques regionales o naturales (34 de ellas) o en zonas ZEC o ZEPA, protegidas según una directiva europea (Red Natura). Todas las áreas dentro de parques forman parte de la Red Natura.
De los 132 negocios, solo hay 38 que tienen calificación urbanística, es decir, el trámite necesario para poder iniciar la actividad, según los datos recabados por Ecologistas, que ha tomado como referencia la información ofrecida por la propia Consejería de Medio Ambiente hasta octubre de 2017. En julio de 2018 se concedió una más, en Rascafría, que no está incluida en el estudio.
Los ayuntamientos, una vez concedida la calificación, tienen que emitir una licencia de funcionamiento. La organización que ha hecho el estudio, sin embargo, no ha podido recabar cuántas de las fincas cuentan con esta autorización municipal. Pero sí ofrece una cifra sobre los negocios que están denunciados por no tener los permisos necesarios para desarrollar la actividad o no ajustar esa actividad a las licencias que tienen: son al menos 24, casi el 20%.
La Consejería de Medio Ambiente, preguntada por eldiario.es, asegura que no tiene constancia de si hay fincas que están funcionando sin calificación. "Cuando tenemos conocimiento de que eso ocurre actúa disciplina urbanística, encargada de ver detectar las irregularidades", afirman fuentes de la cartera.
"En muchas ocasiones la calificación que tienen no comulga con lo que hacen. Los propietarios piden, por ejemplo, autorización para celebrar eventos en una caseta de 50 metros cuadrados y la Comunidad la concede pero luego utilizan toda la finca. Y ponen mesas de boda en exteriores cuando eso no se puede hacer porque la calificación solo se circunscribe a la edificación", relata María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción Madrid.
Una modificación legal impulsada por Esperanza Aguirre en 2012 abrió la puerta a la "celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad" en suelos no urbanizables sin importar el tipo de protección que tuvieran (artículo 9 de Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas). La actividad de la mayoría de las fincas analizadas se agarra a este cambio: según el informe, 97 de las 132 están en suelos sobre los que no se puede construir y que, además, están etiquetados como de protección. La ley marca que las actividades solo se pueden desarrollar en "edificaciones existentes" pero no crear nuevas ni tampoco introducir elementos desmontables como carpas.
La Consejería de Medio Ambiente admite que este cambio ha provocado el "aumento" de las solicitudes para celebrar eventos en zonas no urbanizables de protección pero no ofrece datos sobre el incremento.
"No se debe seguir incrementando el número de fincas rústicas dedicadas a esta actividad y debe investigarse la situación de las existentes para proceder al cierre de todas aquellas que carezcan de autorización", concluye el informe de Ecologistas en Acción, que alerta del "impacto sobre el medio natural" puede llegar a ser "crítico".
"Las celebraciones reúnen a centenares de vehículos (coches y autobuses) y cientos de personas cada fin de semana en eventos que incorporan música a altos niveles. Esto sucede en zonas protegidas por la presencia de hábitats y/o fauna sensible, incluyendo zonas de cría, alimentación, anidamiento y campeo", recoge el estudio, en el que la organización ecologistas ha analizado, utilizando seis indicadores, la "vulnerabilidad" de las zonas en las que se sitúan cada una de las fincas rústicas.
El resultado es que el 53% está en entornos de "vulnerabilidad muy alta", el 36% en zonas "vulnerabilidad alta" y el 10% en áreas de "vulnerabilidad moderada". Ninguna de las fincas se ubica en espacios no vulnerables, concluye el informe. La organización también llama la atención sobre las "infraestructurales industriales" que requieren estas instalaciones: aparcamientos, asfaltado de caminos, saneamiento y recogida de residuos...
La asociación FEIDE, formada por empresarios hosteleros, lleva desde 2007 denunciando las irregularidades en estas fincas, que consideran que ejercen "la competencia desleal" y el "instrusismo en el sector de los banquetes". "Empezamos a preguntar a los ayuntamientos si habían concedido licencias para estos emplazamientos y vimos que el grado de ilegalidad es increíble. Cualquiera con una casa grande se pone a dar bodas", dice su abogado, Javier Zamora.
"Aguirre declaró por imperativo legal que son usos sostenibles para el desarrollo rural los dirigidos a celebrar eventos. Y en ese coladero se han metido todas estas fincas", asegura Laura Díaz, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y una de las parlamentarias que asiste a la ponencia que está redactando el proyecto de ley del suelo, una ley propuesta por el PP que ha contado con una gran oposición ecologista y de la oposición socialista y de Podemos.
El Gobierno regional ya ha anunciado su intención de someter a votación la ley, una de las grandes banderas de Cristina Cifuentes, en la Asamblea de Madrid pese a que todavía no tiene el apoyo garantizado de Ciudadanos. El grupo liderado por Ignacio Aguado aseguró hace unos meses que no respaldaría el proyecto del PP si no había ningún partido más que se sumara. Así que de momento la posición de la formación naranja se mantiene en incógnita.
Entre otros muchos cambios, el proyecto original de ley presentado por Cifuentes, que después ha ido incorporando enmiendas de los grupos, amplía las actuaciones permitidas en suelo no urbanizable al autorizar, previa licencia municipal, "la celebración de eventos esporádicos incluida la instalación en su caso de elementos de carácter exclusivamente desmontable". Esto es, carpas, que ahora son ilegales.
El articulado también hace desaparecer con ese nombre la calificación urbanística, un procedimiento que obliga a que los usos de suelos que no son los habituales tengan, además de licencia municipal, el aprobado de una comisión de la administración regional. Y queda en manos de los ayuntamientos la capacidad de conceder licencias para actividades que puedan ser lesivas para el medio natural. "Ahora al menos tienes dos administraciones que velan por la legalidad. Si las quitamos, se queda en manos del ayuntamiento. Hay ayuntamientos que son muy pequeños y que no tienen medios para hacer un control efectivo para ver lo que pasa", sostiene María Ángeles Nieto.
Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hacía firme una sentencia, tras el pronunciamiento del Supremo, que obliga a poner fin a la celebración de eventos multitudinarios en una de las fincas demandadas por Ecologistas en Acción e incluidas en el estudio. La justicia declara nula la calificación urbanística otorgada en 2013 porque se dio sobre un palacete que se había ampliado sin permisos para este fin dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Entre otras fincas conocidas por usos a priori no compatibles con un entorno natural protegido está La Montana, donde la familia Aznar Oriol montó una cancha privada de polo en una zona de máxima protección ambiental situada en el corazón del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.
