Aunque no lo asume como una prioridad, el gabinete de Pedro Sánchez se ha comprometido a negociar con el País Vasco el traspaso de la competencia sobre las prisiones, cuya gestión podría pasar a manos de la administración autonómica en el plazo de un año. El Gobierno socialista reconoce que se trata de una operación compleja, pues pone sobre la mesa el debate sobre el futuro de los presos de ETA y la política de dispersión. El nacionalismo radical, de hecho, ya saborea los cambios que tiene previsto introducir en las penitenciarías para que la transferencia repercuta positivamente sobre los reclusos de la banda.
«No queremos la transferencia para seguir haciendo lo que hace Madrid», advirtió ayer en rueda de prensa la parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, que avanzó algunos de los «grandes cambios» que su formación tiene previsto implantar en los centros penitenciarios una vez el Gobierno vasco tome su control. Entre otros, la dirigente soberanista hizo alusión al traslado de presos a las cárceles de la Comunidad Autónoma, la progresión de grado y la liberación de los etarras enfermos.
El propio Ejecutivo socialista se ha mostrado abiertamente favorable al progresivo acercamiento de reclusos a las cárceles del País Vasco. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se amparó recientemente en el hecho de que la dispersión no tiene cabida una vez disuelta ETA. Veinticuatro horas después de realizar estas declaraciones, Instituciones Penitenciarias confirmó el acercamiento de tres reclusos de la organización terrorista.
