Los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno recaen en buena parte en un aumento notable de los ingresos tributarios, sobre todo en aquellos que afectan al sector empresarial. En un entorno de desaceleración económica, la subida impositiva puede tener un impacto muy negativo. Subir el Impuesto de Sociedades se puede traducir en aumento de los costes, caídas de la competitividad, una menor inversión, disminución de las exportaciones, fugas de capital y, al final, en paro. Demasiados riegos, sobre todo teniendo en cuenta que no siempre una subida de impuestos conlleva una mayor recaudación, especialmente si aumenta el desempleo y cae el consumo. Por no hablar del Impuesto Digital, que puede ahuyentar a las empresas innovadoras, aquellas que deben liderar la transformación digital de la sociedad y, por ende, el modelo productivo español. Una carga más para las compañías, sobre las que recae ya casi el 70% de la subida impositiva . Un lastre que, junto a la subida de las cotizaciones sociales, las ahogará aún más, puesto que se suma a una presión fiscal que está seis puntos por encima de la media europea, y que choca de frente con las políticas promovidas desde Bruselas o la OCDE en materia de impuestos.