La salvaguarda irlandesa es la disposición por la que Reino Unido se compromete a permanecer en la unión aduanera todo el tiempo necesario hasta que Londres y Bruselas negocien una nueva relación comercial, con el fin de evitar que se levante una nueva frontera entre Irlanda (que es miembro de la UE) e Irlanda del Norte (territorio integrado en Reino Unido), que pondría en peligro los acuerdos de paz de Viernes Santo de 1998. "En las próximas semanas seguiré hablando con mis colegas para considerar cómo podemos cumplir con nuestras obligaciones con la gente de Irlanda del Norte y de Irlanda, de una forma que podamos obtener el mayor apoyo posible en el Parlamento", ha afirmado May.
May, a quien se le agotan las opciones ante la proximidad de la fecha clave para cumplir el calendario del Brexit, el 29 de marzo, ha acudido de nuevo al Parlamento para defender una alternativa que se deberá someter a votación el próximo martes, 29 de enero. Hace una semana, sufrió una abultada derrota cuando el acuerdo que había firmado con la UE fue rechazado por 432 votos en contra y 202 a favor, agudizando aun más la ya denominada "crisis" del Brexit. Lo primero que ha hecho May una semana después es rechazar la posibilidad de un segundo referéndum. Su intención es respetar la votación del 23 de junio de 2016 porque volver a llamar a las urnas, a su juicio, “dañaría la cohesión social”. "Tengo miedo de que un segundo referéndum sentaría un difícil precedente, que podría tener implicaciones significativas sobre cómo manejamos los plebiscitos en este país", ha argumentado en contra de esa opción.
Además, la primera ministra ha rechazado la posibilidad de extender el artículo 50 del Tratado de Lisboa, una alternativa a la que sí se habían mostrado más proclives las autoridades comunitarias, y ha reclamado a los diputados que rechazaron el pasado martes el acuerdo de salida de la UE que clarifiquen qué alternativas proponen para solucionar el escollo de la frontera irlandesa. May, que mantiene un pulso con el Parlamento por el control del proceso, se ha mostrado dispuesta a que los diputados tengan más voz en torno a la futura relación comercial entre Londres y Bruselas.
¿En qué podría consistir la renegociación con Bruselas? Es difícil preverlo teniendo en cuenta lo enconado que está el debate y el grado de penetración de muchas de las falsedades que se han manejado para defender el Brexit. El DUP, un partido ultraconservador y socio de coalición de May, ha llegado a admitir que no le importaría un Brexit más blando, en el que todo el Reino Unido permaneciera dentro de la unión aduanera, eliminando así el problema de la frontera entre Irlanda y el Ulster. Pero la propuesta cuenta con grandes detractores como el ministro de Comercio, Liam Fox, que está abonado al mantra de la primera ministra sobre los ventajosísimos acuerdos comerciales que podría firmar el Reino Unido si estuviera fuera de la UE. Es lo que May repite una y otra vez, así como la necesidad de “recuperar el control de nuestro dinero, nuestras leyes y nuestras fronteras”.
Los planes de May serán puestos a prueba dentro de una semana, cuando la Cámara de los Comunes debata y vote una moción presentada por el Gobierno para recoger las propuestas de la primera ministra. Será una moción "neutra", pero podrá ser enmendada por las diversas fuerzas políticas, lo que abre la puerta a que los parlamentarios tomen cierto control del "brexit" y modifiquen la hoja de ruta del Ejecutivo. Si May decide volver a presentar el acuerdo de salida ante el Parlamento, esa votación no se produciría al menos hasta febrero, según ha sugerido un portavoz de Downing Street.
La diputada laborista Yvette Cooper ha avanzado que planea presentar una cláusula a la moción que forzaría al Gobierno a solicitar una extensión del plazo de salida de la UE si no ha logrado aprobar un acuerdo a finales de febrero. Otra posible enmienda, desarrollada por el conservador Dominic Grieve, aspira a alterar el procedimiento parlamentario habitual para facilitar que diputados ajenos al Gobierno marquen la agenda de la cámara, lo que allanaría el camino para que se votaran planes alternativos a los de May. La opción de celebrar un segundo referéndum podría también aparecer en una enmienda, si bien será el presidente de los Comunes, John Bercow, quien decidirá qué cláusulas se someten finalmente a votación.
Supresión de la tasa de 75 euros para pedir el estatus de asentado
May, por otra parte, ha anunciado durante su comprecencia que eliminará la tasa de 65 libras (75 euros) para adultos y 32,50 libras (37 euros) para menores de 16 años que actualmente tienen que abonar los comunitarios cuando solicitan el "estatus de asentado" para quedarse en el Reino Unido después del "brexit". Estas tarifas se anularán cuando el proceso de solicitudes se aplique en firme a partir del 30 de marzo, a fin de evitar que haya "impedimentos financieros" para los comunitarios que deseen quedarse en territorio británico tras la salida del país de la Unión Europea (UE), el 29 del mismo mes.
Según la primera ministra, el Gobierno "reembolsará" el dinero a aquellas personas que soliciten el estatus de asentado en la fase preliminar que ya se ha iniciado al entrar en vigor el sistema informático que permite realizar los trámites. Desde este lunes, los comunitarios que viven en el Reino Unido pueden empezar a solicitar mediante una aplicación móvil el estatus de asentado -si llevan cinco años de residencia en este país-, o de preasentado, si aspiran a completar ese periodo.
En estos momentos, realizar esta solicitud, que requiere escanear con el teléfono un documento de identidad y una fotografía, cuesta 65 libras, como ya costaba también la "tarjeta de residencia", el documento precedente al concepto de "asentado". El coste de la solicitud había sido criticado tanto por diputados como por el grupo "the3million", que representa los intereses de los ciudadanos de la UE frente al "brexit". Se calcula que actualmente hay unos 3,8 millones de ciudadanos de países comunitarios en el Reino Unido, que tendrán la posibilidad de quedarse aquí.
Aunque el país saldrá del bloque europeo el 29 de marzo, los comunitarios tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para realizar el trámite, ha indicado el ministerio del Interior. Quienes dispongan de la anterior "tarjeta de residencia" deberán igualmente cambiarla por el nuevo "estatus de asentado", señaló el ministerio. Estarán exentos los ciudadanos irlandeses, que se benefician del Área común de viaje establecida en 1923 entre la República de Irlanda y el Reino Unido.
Los no comunitarios que estén casados, en una unión civil o sean pareja de un ciudadano de la UE tendrán también la obligación de pedir el estatus de asentado, mientras que los comunitarios que estén casados con un británico o británica deberán asimismo registrarse, si no están nacionalizados. Los viudos o viudas comunitarios de un nacional británico deberán realizar igualmente este trámite.
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