Con poco más de 31 kilómetros cuadrados de superficie (cinco más que la colonia Narvarte de Ciudad de México), Tlahuelilpan es el municipio (creado en 1970) más pequeño de Hidalgo y su apropiado nombre significa En donde se riegan las tierras, porque en la región abundan las ejidales y particulares (mitad y mitad) de riego, temporal y agostadero, de las que se obtienen buenas cosechas de maíz, frijol, trigo, nopal, alfalfa, cebada, avena forraje, calabacita, chile verde y, en menor proporción, árboles frutales, hortalizas y ganado.
Según la encuesta intercensal del Inegi, en 2015 lo poblaban 19 mil 389 personas que habitaban cuatro mil 842 viviendas, que en su mayoría gozaban de todos los servicios. Contaba con 39 escuelas: 12 de preescolar, 13 de primaria, cinco secundarias, ocho de bachillerato, una de nivel superior y dos bibliotecas públicas, cuatro unidades médicas de la Secretaría de Salud estatal (con personal insuficiente) y redes de electricidad, agua potable, drenaje y alcantarillado que cubrían 98 por ciento de las necesidades de la población.
Los tlahuelilpanenses viven en pobreza media, el Coneval no los considera entre los más pobres del país (como en Oaxaca y Chiapas). Ni un solo municipio de Hidalgo está proporcionalmente tan fregado como Ecatepec, en el Estado de México; la capital de Puebla, la alcaldía de Iztapalapa, León Guanajuato, y todo el estado de Baja California.
Datos como los aquí expuestos explican quizás la facilidad con que familiares de las víctimas de la explosión del viernes inventan que sus parientes acudieron al sitio porque, a causa del desabasto, no tenían el energético para echar a andar sus coches y camionetas.
La abundancia de bidones para el acarreo de combustible con que se vio a cientos de saqueadores antes del estallido, sin embargo, delata que tumultos de pobladores participan (o participaban) en el hurto que, como se sabe, termina en su mayor parte por beneficiar a delincuentes de cuello blanco en delictivas estaciones de servicio.
A partir de esta catástrofe, sobre los huachicoleros pesa no solo el riesgo letal de chapalear en gasolinas o diesel, sino de perder las viviendas (de adobe y mampostería) en que almacenan lo que se roban, ya que el recién designado fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se comprometió a que se les aplicará la conducente extinción de dominio.
Por hipocresía no se dicen las cosas por su nombre (¿qué tal en los medios?), y se les cuelga el alcahuete oficio de “que realizan esa actividad”, para no decirles delincuentes.
Un destino semejante depara al “pueblo bueno” y “sabio” que “nunca se equivoca” en la imaginación del presidente Andrés Manuel López Obrador, empeñado en lograr el milagro que ni siquiera Jesucristo, Buda, Mahoma, el Papa o el Estado Islámico se propusieron: “purificar” la nación y terminar con la canija condición humana, soñando que todos nos portaremos bien…
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