Cada sociedad, mi estimado, tiene el tipo de criminal que se merece. El accidente o atentado de la explosión en Tlahuelilpan demostró varias aristas en el combate del presidente López Obrador contra la corrupción ligada al robo de combustible. Una de ellas es el rol de nuestras fuerzas armadas, que siguen sin contar con el respaldo de leyes y un marco jurídico para enfrentar situaciones volátiles en tareas de seguridad nacional. Robar un recurso estratégico y sabotear un ducto son delitos que deben ser castigados con todo el rigor. El sabotaje vulnera el estado de derecho que desde Palacio Nacional se pretende fortalecer pero navegar en las aguas del debate sobre las causas que motivan a comunidades enteras a delinquir no debe ser distractor.
Argumentar que el pueblo actuó con inocencia es respaldar ante un evidente desabasto de gasolina que todo se vale. El fin justifica los medios. Luego entonces se entiende que ante sucesos violentos de la ciudadanía contra elementos de nuestro Ejército y nuestras policías el gobierno asuma un chocante discurso alrededor de la palabra represión confundiéndose con hacer prevalecer el orden.
El huachicoleo es ya una conducta consolidada en las esferas sociales, económicas y políticas. En el caso del reiterado daño a los ductos de Pemex, Tlahuelilpan y los municipios aledaños son foco rojo de este flagelo hace décadas, por lo que la autoridad no puede ser sorprendida con otro ataque o acto de sabotaje que conlleve pérdidas humanas. Lo sucedido es responsabilidad compartida ante la ausencia, no solo de una fallida estrategia en datos de inteligencia y un protocolo para el caso específico del robo en flagrancia, sino de consecuencias jurídicas por cometer este delito federal. Eso además de considerar la hipótesis de un acto deliberado con fines bastante claros: amedrentar al Presidente y su equipo para desistir de su cruzada.
La postura es la de ni un paso atrás. De tal manera que urge el marco legal alrededor del rol de nuestras fuerzas armadas que además deben aguantar comportamientos de violencia inadmisibles de grupos sociales o delincuenciales que provocan malestar dentro de las filas castrenses.
Tlahuelilpan es un abierto desafío a este gobierno por donde se le vea. Enfrentarlo requiere de acciones más certeras, menos improvisadas y una cadena de mando más ordenada en lo que será una larguísima batalla que sufre ya sus primeras bajas.
@GomezZalce
