«Hay que hilar muy fino». En el Tribunal Constitucional (TC) lo tienen claro: en la resolución de los recursos de los líderes del proceso independentista en Cataluña no pueden dejar el menor resquicio doctrinal que propicie en el futuro un tirón de orejas de la jurisdicción europea. De ahí el debate que ha generado entre los magistrados la petición de libertad del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a la luz de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Selahattin Demirtas contra Turquía, en la que Estrasburgo urgió el pasado diciembre a Ankara a poner fin a la prisión provisional del ex dirigente kurdo. En esa resolución establece, por primera vez, los límites a los derechos de participación política respecto a la prisión provisional de un parlamentario. Una jurisprudencia que el TC no quiere pasar por alto en un fallo que obligará, una vez más, a confrontar opiniones divergentes con el afán de mantener la unanimidad que hasta ahora ha caracterizado la respuesta del Constitucional al desafío soberanista.
La resolución, a la espera de lograr ese apoyo unánime del Pleno, tendrá que esperar por ahora, cuando apenas faltan unos días para que comience el juicio del «procés» en el Tribunal Supremo (TS).
En el Pleno de la semana pasada, el asunto estuvo sobre la mesa «de manera informal», confirman fuentes del TC, que aseguran que al tratarse de un tema «muy complejo» se está estudiando «de una forma muy exhaustiva» teniendo muy en cuenta la jurisprudencia europea.
La defensa de Junqueras invocó precisamente en su recurso el derecho del político independentista a ejercer con plena libertad sus derechos políticos como diputado del Parlament, que la prisión provisional, se quejó, le está impidiendo ejercer vulnerando además el derecho de «todos los ciudadanos que, con su voto, contribuyeron a su elección». Para evitar «daños irreparables», el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, reclama su «urgente» puesta en libertad.
El objetivo de los magistrados, añaden esas mismas fuentes, es alumbrar «una decisión jurídicamente sólida». «Está en juego el derecho fundamental a la libertad, además ligado al de representación política, y este tribunal es muy cuidadoso con estas cuestiones».
No es el primer líder independentista que esgrime esa sentencia del TEDH. Apenas una semana después de hacerse pública, el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, también en prisión provisional por esta causa, solicitó –amparándose en esa «circunstancia sobrevenida»– la suspensión cautelar de las resoluciones en las que la Audiencia Nacional acordó y ratificó su privación de libertad.
El precedente de Jordi Sánchez
Sin embargo, el pasado diciembre el Constitucional denegó su petición al concluir ––al igual que la Fiscalía y la Abogacía del Estado– que la resolución de Estrasburgo no es «una circunstancia sobrevenida que pueda provocar un efecto automático en los procedimientos judiciales internos». En ese procedimiento, subrayaba el Pleno del TC, «ni el Estado español ni el recurrente en amparo (Jordi Sánchez) han sido parte», por lo que la sentencia «no actúa de forma directa sobre nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales», aunque sí se proyecte sobre los órganos jurisdiccionales españoles y sobre el propio Tribunal Constitucional. Los magistrados recordaban que la medida de privación de libertad no limitó “de forma directa» su derecho de participación política porque cuando se acordó su prisión «no era ni siquiera candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña». Eso sí, el TC no pudo entrar entonces en el fondo del asunto (limitado a la petición de una suspensión cautelar de su prisión) para no hacer «un juicio anticipado sobre el fondo de un litigio pendiente» (el recurso de amparo interpuesto por Sánchez reclamando la libertad) «que debe ser resuelto en la oportuna sentencia».
En el TC apuntan que esa «diferencia de sensibilidades» entre los magistrados respecto a la resolución sobre la prisión de Junqueras –de la que es ponente el presidente del TC, Juan José González Rivas– «enriquece el debate jurídico».
El Constitucional no quiere marcarse plazos. El próximo Pleno se celebra el día 29, pero ni siquiera es seguro que el asunto esté en el orden del día. «El tribunal se va a tomar su tiempo en busca de la unanimidad», aseguran las fuentes consultadas, que hacen hincapié en que el TC «no está condicionado» por los plazos del juicio en el Supremo.
