La Real Federación Española de Caza (Rfec) y la Asociación Armera han criticado el contenido del borrador del Real Decreto de modificación del Reglamento de Armas del Gobierno. Estos dos colectivos aseguran que la nueva normativa, en el caso de que se apruebe en los términos actuales, supone un «ataque» contra la actividad cinegética, y un instrumento para frenar la cantera de nuevos cazadores. La razón es que, al restringir el acceso a las armas de aire comprimido, con las que se inician los futuros cazadores, puede provocar que éstos desistan de iniciarse en esta actividad.
Además, cuestionan el régimen sancionador, ya que existe la posibilidad de que un particular sea multado si es objeto de un robo de armas, no solo de fuego, sino también blancas, de colección o antiguas. La razón para aplicar esta sanción es que se introduce el criterio de «falta de eficacia en las medidas de seguridad». En este caso se consideraría una infracción grave.
La publicación de este reglamento ha cogido de sorpresa a los colectivos afectados, ya que habían empezado a negociar con el anterior Gobierno del Partido Popular, aunque el proceso quedó paralizado. Ya con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se solicitó información sobre este proceso, pero hubo un «silencio absoluto», según aseguró a ABC el presidente de la RFEC, Ángel López Maraver. Del mutismo se ha pasado a la presentación de este texto.
El origen de esta reforma está en la nueva directiva aprobada por la Comisión Europea en marzo de 2017 y que el Gobierno español estaba obligado a transponer. La norma comunitaria dejaba margen suficiente a los estados miembros para decidir el mayor o el menor nivel de las restricciones que quiere aplicar.
Para la transposición de esta normativa, el Ministerio del Interior se puso en contacto después del verano de 2017 con armeros y cazadores, a los que les trasladó su intención de realizar un nuevo Reglamento de Armas. Justifica este cambio ante la preocupación por el aumento del terrorismo yihadista. La Guardia Civil podía haber optado por transponer la normativa europea sin cambiar el reglamento, pero para tener un mayor control de las armas decide cambiarlo. La Benemérita solicita propuestas y los sectores se las hacen llegar. Entre ellas se encuentra la liberalización del número de escopetas, la ampliación de la edad de realización de los exámenes psicológicos a los 70 años, así como la posibilidad de utilizar silenciadores para evitar ruidos y fomentar una caza sostenible.
Pero estas alegaciones no son tenidas en cuenta por el Ejecutivo de Sánchez, que publica un borrador de reglamento con un plazo de alegaciones que finaliza el próximo 7 de febrero. «Nos hemos encontrado de forma sorpresiva -dice López Maraver- con la publicación de un documento que sí ha incorporado importantes cambios que, en ningún momento, han sido consultados a cazadores y armeros».
Entre estos puntos polémicos hay que destacar el régimen sancionador. Así, en el artículo 156, en el punto d, se considera como infracción grave «la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias, necesarias o suficientes para garantizar la custodia de las armas reglamentarias…».
Más burocracia
Esa «falta de eficacia» puede conducir a que si hay un robo en casa, «seas responsable sí o sí de que te quiten un arma (y no estamos hablando sólo de armas de fuego, sino también de armas blancas, de colección o antiguas, ya que están incluidas en “armas reglamentarias”), porque las “medidas de seguridad o precauciones” claramente no han sido eficaces si te han robado», señala la Rfec.
La medida más cuestionada es la necesidad de registrar las armas de aire comprimido, con lo que implica de burocracia y gastos. «Se hace mucho daño al aire compromido y va a desaparecer la venta de carabinas», subraya Marta Gómez de la Asociación Armera.
Por su parte, el Ministerio del Interior rechaza las críticas y justifica la redacción en que había que cumplir los plazos. Asegura a ABC que «se ha contado con la participación de diversos sectores» y que las alegaciones de la Federación de Caza «se incorporarán en una modificación posterior. Sus observaciones han sido muy bien aceptadas y el Ministerio incluso está abierto a mejorar y alcanzar nuevos acuerdos».
Puntos más polémicos
Falta de diálogo
Armeros y cazadores acusan al Gobierno de no consultar los cambios. Interior responde que la necesidad de transponer la directiva comunitaria ha obligado a redactar la norma y que están abiertos al diálogo.
Sanciones
El régimen sancionador se extiende a todo tipo de armas, no solo de fuego, «tratando a los poseedores de cuchillos o armas de caza, tiro o carabinas de aire comprimido como terroristas».
Aire comprimido
Este tipo de armas tienen que registrarse, con lo que ello implica de burocracia y de gastos. Ello supone poner trabas a la cantera de jóvenes que empieza en la caza con este tipo de armas. Además, se eliminan las subastas de armas.
Seguridad
Se considera infracción grave «la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias, necesarias o suficientes para garantizar la custodia de las armas reglamentarias…». Esa falta de eficacia puede conducir a que si hay un robo, el particular pueda ser sancionado porque las medidas de seguridad no son eficaces.
