Un examen en toda regla sobre el ferrocarril de Extremadura, su situación actual y las medidas que el presidente y su equipo han llevado a cabo ya o pretenden tomar para mejorarlo. El Gobierno tendrá que responder a 50 preguntas que el PP ya ha registrado en el Congreso de los Diputados después de que estallara nuevamente la problemática del ferrocarril y sus infraestructuras en una región que reclama, también, respuestas y, sobre todo, unos trenes en condiciones.
Los diputados por Cáceres pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, María Dolores Marcos y Carlos Floriano, han registrado esta semana y ante la Mesa del Congreso -el órgano de gobierno de la Cámara- una batería de 50 preguntas que abarcan, además, diversos frentes. El Gobierno tendrá la obligación de responder por escrito a estas cuestiones, que han vuelto a cobrar relevancia -pese a lo antiguo del problema- después de que los recientes incidentes, como aquel del 1 de enero cuando más de 100 pasajeros se quedaron tirados de noche en medio del trayecto por una avería, devolvieran a primera línea una reivindicación clásica.
En los documentos, a los que ha tenido acceso ABC, los diputados populares cuestionan al Gobierno tanto por las mejoras que tiene previstas llevar a cabo, como por el estado de tramos concretos que necesitan renovación y las mejoras que se han producido en las infraestructuras o el servicio en la etapa de Sánchez. También piden detallar las medidas concretas asumidas por este Ejecutivo, su grado de compromiso con los proyectos ya iniciados o la incidencia real en la mejora del servicio que han tenido los cargos creados por el actual equipo ministerial de forma específica en los últimos meses. Especialmente relevantes resultarán las explicaciones del Ejecutivo por el momento en el que tendrán lugar: con las elecciones autonómicas y municipales de mayo a la vuelta de la esquina.
Ajuste de responsabilidad
Existe un notable malestar en las filas populares al constatar que la estrategia del PSOE en relación al problema del tren extremeño pasa por responsabilizarles a ellos, casi en exclusiva, del deficiente servicio que presta dicho sistema ferroviario. Por ello, en el PP quieren que el PSOE ofrezca la realidad de un servicio y la incidencia que sus meses de gobierno han tenido en una hipotética mejora. Más si cabe cuando desde el Ministerio de Fomento han aprovechado las semanas previas al anuncio del plan de Presupuestos del Ejecutivo para proclamar su «compromiso» con el tren de Extremadura a base de licitaciones millonarias que se antojan difíciles de llevar a cabo en los escenarios más amables.
Sin ir más lejos, justo antes de que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros su plan presupuestario -que como pronto entraría en vigor en abril-, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, prometió a Extremadura la licitación de 375 millones de euros antes de junio para mejorar dichas infraestructuras. La cifra es sólo diez millones inferior a la que el año pasado reservaron los Presupuestos a toda Extremadura, por lo que en la región, tanto asociaciones como partidos, afrontan con «desconfianza total» el anuncio.
Otra historia, al menos por el momento, es que estas licitaciones prometidas se traduzcan después en proyectos adjudicados. En claro: que las millonarias partidas licitadas al calor de los titulares en prensa aterricen, no se queden en agua de borrajas y se conviertan en medidas efectivas -en este caso vías o trenes de garantías- que puedan ver los extremeños.
Los senadores del PP cogieron el miércoles el conocido como «tren de la vergüenza» y después decidieron llevar la problemática a la Cámara Alta, donde registraron una moción con la que instan al Gobierno a tomar medidas para «asegurar la prestación digna» del servicio ferroviario», además de exigir a Sánchez que cumpla los plazos de ejecución prevista por el Gobierno de Rajoy en el AVE de Extremadura.
