Este fin de semana circuló en redes sociales un vídeo en el cual un grupo de civiles fuertemente armados y con el rostro cubierto, autodenominado “Frente Oriental Cándido Pérez Marcía”, da a conocer un manifiesto en el que dejan clara su simpatía hacia el Gobierno y vierten amenazas hacia quienes sean opositores.
El Nuevo Diario consultó al Ejército de Nicaragua sobre si procederá a desarmar a ese grupo paramilitar, ya que la Constitución de la República prohíbe la existencia de grupos armados que no sean reconocidos por la ley.
La respuesta del vocero del Ejército, coronel Álvaro Francisco Rivas, fue: “Todo lo que actúe en contra de Ley expresa, debe responder por sus actuaciones e ilícitos ante las autoridades competentes. En el tema de tenencia y portación de armas de uso civil y restringido la Ley 510 establece cómo debe proceder las autoridades en ellas declaradas como competentes”.
Luego, el coronel Rivas enfatizó que el Ejército de Nicaragua “no va a permitir civiles armados de ningún lado”.
Durante más de seis meses, civiles armados progobierno han actuado contra la población, y el Ejército no los ha desarmado como han pedido los ciudadanos. Sobre por qué el Ejército no ha actuado todo ese tiempo, el coronel Rivas no dio ninguna respuesta.
Los organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH, denominaron a esos civiles armados pro gobierno como “parapolicías”, porque han actuado a favor y bajo el amparo de la Policía, y se les señala como responsables de un alto porcentaje de las muertes de civiles, más de 300.
Durante las protestas antigubernamentales, iniciadas en abril, surgieron grupos de civiles armados encapuchados operando junto a la Policía Nacional en la represión a los manifestantes.
La ley a que hace mención el coronel Rivas, es la Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros materiales, en la cual se especifica que es la Policía la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, y que quienes infrinjan esa disposición podrán ser condenados hasta diez años de cárcel.
