Al mismo tiempo que el Gobierno se dispone a disparar un 52 por ciento la inversión real territorializada en Cataluña, recortará casi un tercio la inversión que reciben los ministerios y órganos dependientes de éstos en aquella comunidad. Esto es, la Administración Central tendrá menos medios materiales para llevar a cabo sus tareas en Cataluña y, por tanto, menos presencia.
Según el proyecto de Presupuestos presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Estado invertirá en 2019 un total de 143,5 millones en los ministerios, organismos autónomos y resto de entidades públicas Generales del Estado. Una cifra un 29,54 por ciento inferior a los 203,64 millones que el Gobierno del PP consignó en los Presupuestos de 2018.
Hay que tener en cuenta que como consecuencia de la cesión de competencias, siete de los diez ministerios ni siquiera tienen presencia ya en suelo catalán. Para el PP este recorte supone «el desmantelamiento del Estado en Cataluña», denuncia la diputada de los populares por Barcelona, Alicia Sánchez-Camacho.
No en vano, el tijeretazo previsto por el Gobierno socialista afecta así a los ministerios de Trabajo con un desplome del 97,2 por ciento en su inversión; Industria con un hundimiento del 99,14 por ciento; Interior con un desplome del 58,19 por ciento; Fomento con un recorte del 29,5 por ciento; Hacienda con un ajuste del 23 por ciento y Transición Ecológica con una caída del 10,9 por ciento.
Sube solo la inversión para el ministerio de Cultura, un 1,45 por ciento, y Defensa un 575 por ciento aunque en este caso hay que tener en cuenta la insignificancia de la partida, ya que pasa de 8.760 euros a 54.960 euros. No entran en estas cifras los costes de personal.
Menos inversión en seguridad
El recorte de la inversión del Ministerio del Interior en Cataluña es el más llamativo por el momento político que atraviesa la comunidad, con los Comités de Defensa de la República (CDR) actuando en las calles y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, habiendo lanzado distintos llamamientos a elevar las protestas del independentismo.
Se da la circunstancia, además, de que la previsión del Tribunal Supremo es notificar antes del verano la sentencia por el juicio del procès y que las protestas callejeras se dan por seguras si los políticos encausados resultan condenados. Si el gobierno de Mariano Rajoy venía previendo una inversión de 4,4 millones para cubrir las necesidades del Ministerio del Interior en Cataluña, el equipo socialista solo reserva 1,76 millones. Este recorte se alcanza rebajando la partida inversora prevista para la Dirección General de la Policía en un 34,26 por ciento y para la Dirección General de la Guardia Civil en un 73,13 por ciento.
Menos gasto operativo
El primer cuerpo del Estado pasará a contar así con 1,36 millones para inversión frente a los 2,72 millones previstos en los Presupuestos del PP, mientras que la Benemérita dispondrá en 2019 de tan solo 400.000 euros desde los 1,36 millones consignados en las cuentas de 2018. Ambas fuerzas se tendrán que apañar con ambas cantidades para realizar las inversiones necesarias para realizar adecuadamente sus tareas de seguridad ciudadana, inversión en reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios y las obras en marcha en sus instalaciones.
Para el PP, la reducción de la inversión del Ministerio del Interior en Cataluña es motivo de alarma. Sánchez-Camacho considera que ese dato es «lo que más nos preocupa, ya que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los catalanes» además de «una responsabilidad» del Gobierno de España: «Ahora es cuando es más importante que nunca reforzar la presencia del Estado en Cataluña», advierte Sánchez Camacho.
Desde Interior justifican el recorte en que las anualidades de los contratos de la Jefatura Provincial de Barcelona bajan de 1,5 millones en 2009 a 0,7 millones en 2019 y que el coste las obras en comisarías locales de Barcelona mengua desde 0,96 millones a 0,66 millones. Inciden además en que las inversiones previstas en otras comunidades autónomas con competencias plenas como Andalucía se sitúan en 2,6 millones.
