En política todo es volátil, lo que hoy es de una manera mañana es totalmente distinto, y nunca pasa nada. Por ello, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no ha tenido inconveniente en incluir en los Presupuestos Generales del Estado de este año las inversiones cercanas al diez por ciento que había prometido al jefe del Consell, Ximo Puig, a sabiendas de que lo más probable es que el documento no salga adelante en la Cámara baja tal y como se encuentra en este momento, puesto que no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios.
En dicho documento, Sánchez incluye unas inversiones en la Comunitat del 9,8 por ciento de las estatales, es decir, 1.189 millones de euros, un 60 por ciento más que en los presupuestos de 2018, cuando se invirtieron 740,36 millones. La cifra se acerca a lo que Sánchez prometió a Puig en uno de sus últimos encuentros, unas inversiones del diez por ciento, que se centran sobre todo en materia de infraestructuras. De hecho, el presupuesto del Ministerio de Fomento pasa de 124,8 millones de euros en 2018, a 232,2 este año.
Adif en la provincia de Valencia, por ejemplo, pasa de unas inversiones previstas en 2018 de 294.000 euros a 64 millones, buena parte de los cuales se centran en las Cercanías.
Pero como ya se ha comentado, estos presupuestos difícilmente verán la luz si Pedro Sánchez no logra convencer a los independentistas catalanes de que le presten su apoyo. Pero necesita el respaldo de más grupos, como Compromís, socios de Gobierno de los socialistas en la Generalitat valenciana y que ayer no estaban precisamente muy contentos. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, señaló ayer que aunque los Presupuestos «han mejorado» respecto a los del PP, todavía «no son suficientes» para la Comunitat Valenciana, que «después de un maltrato singular», necesita «una reparación singular».
Otra demanda satisfecha en las cuentas estatales es la condonación de la deuda de 350 millones de euros de la Marina Real, un acuerdo al que llegó el Gobierno central con el de la Generalitat el pasado verano a cambio de que el Gobierno de Puig votara a favor del cambio en la senda de estabilidad presupuestaria que perseguía el Ejecutivo. Un cambio que, por cierto, nunca se aprobó y sigue sin salir adelante. De no validarse en el Congreso, el Gobierno deberá adaptar las cuentas, alboradas con un déficit del 1,8 por ciento, al 1,3 por ciento, es decir, recortes.
Además, la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía española que, en cifras absolutas, recibirá un mayor importe de los Fondos de Compensación Interterritorial de 2019, con 53’2 millones de euros, por detrás de Andalucía (160’3 millones) y por delante de Canarias (51’2 millones).
