La excepción ya se ha convertido en regla en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc que tiene lugar en las Cortes Valencianas. Ausencias y más ausencias de los comparecientes
han pasado a ser lo único reseñable que ocurre en la sala en la que se celebra. Entre los diputados y miembros de la mesa las miradas se cruzan, las caras de extrañeza no se ocultan y las palabras de incomprensión tampoco se evitan. Pero la solución parece ser, al menos hasta ahora, encomendarse a la suerte.
La comisión de este lunes se ha suspendido hasta en dos ocasiones sin que ninguna de las personas citadas hubiera puesto un pie en ella. En concreto, estaban llamados desde el 26 de diciembre la exdirectora general de Consumo en 2008 y candidata del PSPV a la alcaldía de Alicante en 2007 Etelvina Andreu; Gracia Font Martí; la exsecretaria local de Organización de los socialistas de Benidorm Anabel Hallado; la exalcaldesa de Dénia (PP) Ana María Kringe; y Mario Antonio Barceló.
Los dos últimos, según han explicado desde la mesa de la comisión, habían firmado acuse de recibo de la convocatoria, pero no había seguridad de que finalmente asistieran. Del resto, tanto Andreu como Hallado estaban notificadas, pero no existía constancia de que hubieran retirado la comunicación que se realiza mediante burofax. Y en cuando a Font, no se le ha podido trasladar por no tener acceso a su último domicilio.
Lo ocurrido hoy se suma a lo sucedido en anteriores ocasiones. El pasado 9 de enero la sesión tuvo que aplazarse porque tampoco estaba previsto que acudiera ningún compareciente. El 18 de diciembre fallaron tres de las cinco personas citadas (Lucía Pascual, exempleada de la empresa Crespo Gomar; la exalcaldesa de Denia Ana Kringe; y Juan José Valentin San Valero, directivo de la constructora Blauverd). Y el 10 de diciembre la misma situación: no acudieron ni el exresponsable de finanzas de los socialistas valencianos Pepe Cataluña (quien sí se presentó el 18 asegurando que la citación no le llegó a tiempo) ni, de nuevo, Ana Kringe. La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona aludió a su agenda de partido para plantar igualmente a la comisión.
Cinco de veinte
En cómputo total, de 20 personas convocadas únicamente se han presentado cinco, que tampoco han aclarado nada sobre la materia investigada sino que se han limitado a negar los hechos. Un cúmulo de circunstancias que provocan que lo único destacado de la comisión sea su irrelevancia. Además, el coste en dietas de los diputados de cada sesión asciende a los alrededor de 800 euros.
Ante esta situación, la mesa se plantea tomar acciones contra los comparecientes que no se presenten pese a haber recibido la notificación. Para ello, se comprobarán los acuses de recibo firmados.
La ley los obliga a acudir y a declarar sin incurrir en falso testimonio. El artículo 502 del Código Penal establece que pueden ser castigados por delito de desobediencia, que está penado entre seis y doce meses de prisión, los cuales se podrían conmutar por una sanción económica. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Asimismo, las Cortes también pueden comunicar la falta de asistencia a Fiscalía.
Como informó ABC a raíz del último aplazamiento, algunos grupos como Podemos y PP plantearon solicitar a la Delegación del Gobierno que pida al Instituto Nacional de Estadística los datos actualizados de las personas que vayan a ser citadas, incluyendo su domicilio, para tener la seguridad de que les llega el burofax. La petición se registró el 9 de enero y también incluye que si no fuera viable este acceso a la información, que sea la propia Delegación la que realice las notificaciones.
