A más de un año de relaciones internacionales y promesas de reformas económicas por parte de los líderes de Corea del Norte, la situación de derechos humanos en el país sigue siendo grave, dijo el alto funcionario de Naciones Unidas, Tomás Ojea Quintana.
El relator especial de la ONU para derechos humanos en Corea del Norte, impedido por el gobierno norcoreano para visitar el país, viajó a Corea del Sur esta semana como parte de una investigación que será entregada el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo.
Observando que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se ha embarcado en un esfuerzo para mejorar las condiciones de vida al enfocarse en el desarrollo económico, Quintana afirmó que sus hallazgos preliminares mostraron que esos esfuerzos no se han traducido en mejorías en la vida de la mayoría de la gente.
"El hecho es que, con todos los acontecimientos positivos que ha visto el mundo en el último año, es aún más lamentable que la realidad en materia de derechos humanos permanezca sin cambios y siga siendo extremadamente grave", dijo ante la prensa en una conferencia en Seúl.
"En todas las áreas vinculadas al goce de derechos económicos y sociales, incluyendo salud, vivienda, educación, previsión social, empleo, alimentos, agua y servicios sanitarios, buena parte de la población del país está rezagada", comentó.
Corea del Norte niega abusos de derechos humanos y afirma que el tema es usado por la comunidad internacional como ardid político para aislar a Pyongyang.
Los derechos humanos no fueron abordados en las conversaciones entre Kim, líderes de Corea del Sur y Estados Unidos el año pasado, cuando se reunieron para discutir sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte.
Sin embargo, Estados Unidos impuso en diciembre sanciones a otros tres funcionarios norcoreanos, incluyendo a un importante asesor de Kim, por censura y abusos graves a los derechos humanos.
Aunque admitió que "no tiene información específica" respecto a si las sanciones internacionales afectan a ciudadanos norcoreanos, Quintana dijo que castigan a la economía en su conjunto y "plantean interrogantes" sobre el posible impacto en el público.
La ONU ha confirmado el uso continuo de campos de detención por motivos políticos que albergan a "miles" de internos, afirmó Quintana, quien citó a una fuente que dijo que "todo el país es una cárcel".
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