El Gobierno da un portazo en la cara a su principal socio parlamentario. Las medidas fundamentales exigidas por Unidos Podemos, y reflejadas en el acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de octubre, no aparecen en el proyecto de Presupuestos que hoy aprueba el Consejo de Ministros.
Así lo ha confirmado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa en la que ha presentado sus Presupuestos. «El pacto con Podemos era un acuerdo político amplio. Las medidas se irán desarrollando a lo largo de este año. El Gobierno cumple lo que promete. Todo lo que tiene que ir en los Presupuestos, irá», ha asegurado la titular de Hacienda.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, filtró ayer estos incumplimientos y reprochó ayer al jefe del Ejecutivo que no haya cumplido con su palabra. «Hay muchos incumplimientos a día de hoy», afeó Echenique, después de reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para revisar el documento. El encuentro se dilató durante más de tres horas y tuvo lugar en el Congreso. Lo cierto es que en un primer momento el balance del partido morado fue positivo, pero tras «estudiar» el texto de Hacienda descubrieron que no era totalmente fiel al acuerdo.
«No nos parece serio que el Gobierno haya traído un borrador al Consejo de Ministros antes de haber solucionado estos compromisos», insistió Echenique. Con el Partido Popular y Ciudadanos totalmente en contra y el apoyo de los partidos independentistas en el aire, el aval del grupo parlamentario de Iglesias se le antoja necesario a Sánchez si quiere aprobar los Presupuestos. De lo contrario, se vería obligado a adelantar las elecciones generales y dar fin a la legislatura. En Podemos quieren aprobar los PGE -no pueden permitirse unos comicios- y por eso insisten en que seguirán «luchando» con el Gobierno para aprobar las demandas del pacto. A última hora de la tarde de ayer insistían en que presionarán a los socialistas para poder garantizar en la Ley Presupuestaria que no suba la factura de la luz de forma abusiva, recuperar el subsidio del desempleo a los 52 años, aumentar las ayudas a la dependencia y regular el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.
Recelos de Economía y Fomento
Especialmente delicado es este último asunto. La intervención del mercado inmobiliario se había convertido en una línea roja para los de Iglesias. El Gobierno, sin embargo, había dejado caer sus dudas sobre esta iniciativa.
Fuentes conocedoras del proceso de elaboración del real decreto que aprobó el Gobierno en materia de vivienda aseguran que Economía frenó la inclusión de topes al precio del alquiler. Finalmente el decreto recogió una batería de «medidas urgentes» que incluía, entre otras acciones, la ampliación de los contratos de tres a cinco años (a siete si el arrendador es una persona jurídica ) y la limitación de las finanzas a dos mensualidades.
Este viernes, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre si apoya el control de los precios del alquiler que pretende la formación morada.
Fomento también recela de esta iniciativa. «No hay datos suficientes. Sería necesario crear un Observatorio de Vivienda que registrara de forma fiel la situación del mercado para empezar a plantear este medida», explican desde el departamento.
