Otra de las aspiraciones de Vox para la próxima legislatura que se desbloqueó ayer a falta de la sesión de investidura es la derogación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. En el documento de los 19 puntos que entregó en primera instancia al PP, el partido de Santiago Abascal argumentaba que «esta ley interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres, y partiendo de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas. La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas. Es necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios, etc., dedicados a
la imposición de la 'perspectiva de género' (algunos, previstos en esta Ley andaluza de Igualdad; otros, en la Ley andaluza de Violencia de Género)». Finalmente, la exigencia de su derogación no está incluida en el acuerdo firmado con el Partido Popular y Vox seguirá mostrando su oposición desde el Parlamento.
Las afirmaciones de Vox han suscitado polémica y han despertado indignación, pero la tramitación de este texto que se aprobó en el Parlamento también fue difícil, el Consejo Consultivo tuvo que enmendar varios aspectos del mismo y censuró su poca concreción. Algunos de ellos señalados, especialmente el tono general de la misma, han acabado en el texto ratificado.
En concreto, el dictamen número 126/2018 del Consultivo argumentó que «el texto sometido a dictamen contiene un exceso de disposiciones programáticas, lo que mereció en su momento una observación en el informe del Gabinete Jurídico...»
Igualmente, señala que en el dictamen en que se contestan las observaciones del informe del Gabinete Jurídico, se afirma para justificar tal contenido que «la igualdad de mujeres y hombres es un logro que costará muchos años, esfuerzos y recursos», y que el texto «tiene vocación de no limitarse a establecer acciones que se agoten en sí mismas, sino de abrir procesos y crear instituciones y mecanismos de garantía de la igualdad, así como ser un importante instrumento para el desarrollo estratégico de las políticas y acciones para la promoción de la igualdad de género en Andalucía».
Esta argumentación fue muy criticada por el Consultivo que apuntó que «todo ello no tiene nada que ver con lo que se censura y más bien lo confirma. Y es que justamente lo que se quiere poner de relieve en esta observación es que esos 'muchos años, esfuerzos y recursos' serán baldíos sin 'mecanismos de garantía'; mecanismos que no son precisamente proporcionados por las normas programáticas que, con una mirada pragmática a la experiencia revela, se traducen en la práctica en meros desiderátum sin virtualidad alguna reguladora ni, por ende, garantista. Debe finalmente recordarse que una norma jurídica por definición no se 'agota en sí misma', a diferencia de lo que es propio de los actos administrativos, sino que disciplina su objeto con su constante aplicación a lo largo del tiempo hasta su modificación o derogación».
El órgano de la Junta –que el PP y Cs han pactado cerrar– recordó entonces que en su dictamen 285/2017 ya apuntó que «la abundancia de principios, objetivos y enunciados programáticos, sin fuerza vinculante, desnaturaliza el papel ordenador de las leyes y merma la consideración de los ciudadanos sobre la eficacia real de las disposiciones de superior rango», de modo que «las leyes han de responder a su verdadera naturaleza, recuperando el espacio de regulación que les corresponde, lo que exige dotarlas del contenido regulativo preciso, con la eficacia ordenadora que asegure el cumplimiento de su objeto y los derechos y obligaciones de los interesados, sin perjuicio del desarrollo reglamentario que, en su caso, sea necesario, siempre supeditado a la norma de superior rango».
