Bruselas está dispuesta a negociar, pero también a defenderse. La Comisión Europea está decidida a poner en marcha aranceles del 25% al acero para salvaguardar al sector europeo, tal y como ya ha notificado a la Organización Mundial del Comercio. Se trata de imponer esta tarifa comercial a 26 categorías de productos relacionados con el acero, provenientes de países terceros, como modo de proteger a los productores europeos que pueden verse perjudicados por la entrada masiva de estos productos tras la guerra comercial desatada por EEUU. Sólo se impondrán estas tarifas en caso de que se sobrepasen ciertos límites.
A pesar de este gesto de defensa, el diálogo no ha concluido. Más bien todo lo contrario. La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, se reúne hoy en Washington con el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, para "avanzar" en la agenda comercial acordada entre el presidente Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Los dos mandatarios acordaron el pasado julio un periodo de deshielo para tratar de frenar la guerra comercial desatada por el anuncio de EEUU de imponer aranceles del 25% al acero y al aluminio. Además, la comisaria también mantendrá discusiones trilaterales con Japón y EEUU sobre “distorsiones” en el comercio global según avanzaron ayer los portavoces comunitarios.
Donald Trump, ha hecho del proteccionismo económico una de sus principales banderas. Aunque la contienda a ambos lados del Atlántico parece haber evitado lo peor Bruselas concluye en su última investigación que la situación en el mercado del acero comunitario se ha visto "agravada" por el desvío de las exportaciones tras el arancel impuesto por la Casa Blanca. Además, el mismo texto señala que la industria europea no se ha recuperado todavía "plenamente" de la crisis del acero global. El ejecutivo comunitario ve con preocupación como un aumento de las importaciones podría acabar afectando a la baja los precios lo que acabaría dañando aún mas el sector.
Los Estados miembros deberán dar su visto bueno a las medidas propuestas por la Comisión (a mediados de enero) para su aprobación formal y su entrada en vigor.
