«Nos están castigando cruelmente porque no están a favor de la gestación subrogada». Así comienza Ana Reyes Rodríguez Terán, una palentina que, junto a su marido, ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Kiev. La niña nació el 19 de diciembre y en el consulado les han dado cita para el próximo 18 de marzo, es decir, tres meses después. Como ellos, hay alrededor de cuarenta familias que también van a tener que esperar unos meses para poder inscribir a sus hijos y obtener un pasaporte para ellos.
Este miércoles, unas quince familias se plantaron en la puerta del consulado de Kiev para pedir soluciones, pero no será hasta mañana cuando el cónsul reciba a uno de ellos en representación de todo el grupo. Quieren tener la certeza de que se inscribirá a los niños como hijos de españoles y se les dará el pasaporte para poder regresar a sus casas. Durante los últimos meses han visto cómo las citas se iban retrasando cada vez más, pues mientras durante las últimas semanas se concertaban los encuentros para cinco o seis semanas después, ahora se ha llegado a los tres meses. «No sabemos la razón. Solo nos dijeron que el Gobierno ha reducido el personal, y por tanto se reducen también las citas, lo que lo alarga todo», explica Rodríguez Terán.
«Nos sentimos impotentes, abandonados. Jamás pensé que mi país me abandonaría a mi suerte», continúa entre llantos esta madre, cuya mayor preocupación es la de qué ocurrirá con su hija en el caso de que se cumplan los 90 días de estancia en Kiev, pues el visado de turista que tienen dura hasta los tres meses. Marcos Jornet, presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, asegura que les consta que se están aceptando «con normalidad» las solicitudes para prolongar los visados en estos casos de aplazamiento. Sin embargo, a través de un correo electrónico entre un padre y el consulado, la solución que este último ofrece para alargar la estancia en caso de que expire el tiempo establecido es ponerse en contacto con la agencia con la que se ha llevado a cabo el proceso de gestación por sustitución para «recabar más información de cómo regularizar su estancia en Ucrania si tuvieran que permanecer más de 90 días en este país».
Pero la incertidumbre de esta palentina va más allá, pues tanto su marido como ella necesitan una medicación —él tiene Cefalea de Horton y ella una minusvalía—, que se les está acabando y no pueden conseguir ahí. «Cuando se lo explicamos al secretario del cónsul nos dijo que no podía hacer nada porque lo que hacíamos era algo ilegal. ¿Algo ilegal? Yo en España no estoy haciendo nada, lo estoy haciendo en un país donde es legal. Lo único que le pedimos es que inscriba en el registro a la hija de mi marido, que es española», lamenta.
En la misma situación se encuentra Antonio Rubio (nombre ficticio), padre por gestación por sustitución también desde diciembre. La sensación, afirma, es la de que los niños están desprotegidos «sin poder tener todos los derechos que les corresponden como españoles, como las vacunas». Algunos de los bebés, explica, son prematuros, por lo que necesitan tratamientos especiales. «Lo único que pedimos es que se den cuenta de que no es lógico que solo para entregar la documentación inicial estemos tres meses», dice. Tras presentar esos documentos, quedaría un tiempo para que se examinen, acepten y se tramite el pasaporte del menor.
Desde la asociación Son Nuestros Hijos, Jornet asegura que no tienen «constancia de que haya ninguna intención de bloqueo de las inscripciones a los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero», sino que el Gobierno «es consciente de la obligación internacional de España de inscribir a dichos menores». Sobre los retrasos, dice, la administración explica que se deben a una falta de personal y que, «aunque efectivamente las demoras están causando trastornos a las familias», el proceso de inscripción se está realizando «con normalidad».
El pasado agosto, más de treinta familias permanecieron atrapadas en la capital ucraniana durante semanas —e incluso meses— porque el consulado no inscribía a sus hijos. Exteriores dijo en ese momento a través de un comunicado que se debía a «posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores». Finalmente, el Ministerio desbloqueó las inscripciones y las familias pudieron volver con sus hijos a España.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha posicionado desde el primer momento en contra de la gestación subrogada. La vicepresidenta del Gobierno respondió a Ciudadanos —que impulsan su regulación— que tener hijos «no es un derecho». La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, equiparó en una entrevista a Efe la maternidad subrogada con el tráfico de órganos y de menores.
