La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado una nueva petición de libertad del ex comisario José Villarejo al entender que se ha incrementado el riesgo de fuga por el que ingresó en prisión por la denominada “Operación Tándem”, así como que persiste el de destrucción de pruebas mientras se encuentre en proceso de volcado, análisis y descifrado la documentación informática incautada de la que aquel tendría el control sobre las claves de acceso. Una documentación de la que la Policía, según informó este periódico, solo ha podido desencriptar en un año el 1%.
En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, desestima en sustitución del juez del caso, Manuel García Castellón, la solicitud de Villarejo, que pedía su excarcelación o, de forma subsidiaria, la permanencia en su domicilio con la instalación de algún mecanismo de vigilancia por control telemático, solicitud a la que se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción.
La magistrada recuerda, que el juzgado de instrucción ha desestimado sus solicitudes de libertad en siete ocasiones y otras tres la Sala de lo Penal y advierte de que en este momento de la investigación no se ha producido modificación alguna que haga variar su situación. A su juicio, los indicios que inicialmente determinaron las imputaciones al investigado de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales se han ido consolidando y se ha evidenciado su aparente implicación en delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.
Señala la juez que el propio investigado, en su declaración del 12 de enero del pasado año, afirmó que la totalidad del material informático intervenido contenía información sensible, entendiendo por tal, dice, aquella que afectaría a la seguridad del estado, a altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros.
Dicha manifestación, indica la instructora, a la vista de las fuentes documentales ya analizadas a las que los investigadores han tenido acceso, han aportado un “solido cuadro indiciario de la comisión de múltiples delitos de naturaleza grave”, con lo que los requisitos objetivos que han venido sustentando la prisión provisional del solicitante resultan claramente concurrentes en el investigado y la medida cautelar se advierte como plenamente proporcionada a la particular gravedad de los delitos que resultan indiciariamente imputados.
En cuanto al riesgo de reiteración de alteración o destrucción de pruebas, dice la juez que comparte los argumentos de la Fiscalía respecto del hecho de que la encriptación del acceso a la información telemática constituye una medida de seguridad reveladora del alcance presumiblemente ilícito de los contenidos así protegidos.
“En consecuencia, y mientras se encuentre en proceso el volcado y análisis de la documentación incautada, y aún esté pendiente el descifrado de este material informático, la persistencia del riesgo de destrucción o alteración de estas pruebas por parte del investigado, que como máximo responsable de la organización criminal mantendría el control, directo o indirecto sobre las claves de acceso al mismo, resulta plenamente vigente, y su existencia, ciertamente seria y real”, explica en el auto.
Para la juez tampoco se ha evidenciado modificación respecto de la existencia de un elevado riesgo de fuga y reiteración delictiva y que lejos de desaparecer o disminuir, afirma, con el transcurso del tiempo y el avance de la investigación, “deben, por el contrario, estimarse incrementados en buena medida”.
