La decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de mantener en libertad provisional a los cinco integrantes de la Manada por los abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016 supone un punto y seguido en un caso que queda ahora en manos del Tribunal Supremo.
Este caso, que se ha ido complicando por momentos, ha situado este año a Navarra en el epicentro de la polémica judicial desde que, el pasado 26 de abril, los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decidieran condenar a los integrantes de la Manada a 9 años de cárcel cada uno.
La sentencia, que apreció un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no una agresión sexual (violación), contó incluso con el voto discrepante de uno de los magistrados, Ricardo González, quien abogó por la absolución de los cinco jóvenes.
Ese mismo día, la sentencia fue recibida con fuertes protestas por los ciudadanos concentrados frente al Palacio de Justicia de Pamplona, que intentaron sin éxito acceder al edificio. Los manifestantes mostraron su indignación coreando consignas como «es violación, no es abuso» y «esta justicia es una mierda».
Ese mismo día, y en días posteriores, llegó un alud de reacciones de líderes políticos y portavoces de colectivos sociales de todo tipo cuestionando la sentencia, y se convocaron concentraciones en toda España en rechazo al fallo judicial y en apoyo y solidaridad con la víctima, una madrileña que en el momento de los hechos tenía 18 años.
Los miembros de la Manada ingresaron en prisión para cumplir su condena, hasta que, el 21 de junio, la Sección Segunda decidió que podían abandonar la cárcel si pagaban una fianza de 6.000 euros, al no apreciar riesgo de fuga o de reiteración del delito.
Esta decisión causó de inmediato las críticas de las organizaciones feministas, que arreciaron cuando, al día siguiente, los miembros de la Manada José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza abandonaban la prisión de Pamplona y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el militar Alfonso Jesús Cabezuelo salían de la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid).
A los condenados se les prohibió la salida del país, lo que causó un nuevo incidente el 25 de junio cuando Guerrero intentó obtener el pasaporte en una oficina de Tablada-Sevilla, pero su petición fue rechazada por la jefa del equipo de expedición de esos documentos.
Sin embargo, el 24 de julio, la Sección Segunda acordó mantener a Guerrero en libertad, por mayoría de dos jueces, y rechazó las peticiones de encarcelamiento que habían formulado las acusaciones por supuesto quebrantamiento de la medida cautelar.
Tras salir todos los miembros de la Manada a la calle, la fiscalía y las acusaciones recurrieron la puesta en libertad, pero el 18 de julio la Audiencia de Navarra desestimó los recursos, con el voto en contra de uno de los magistrados.
El caso tuvo además una deriva inesperada cuando, el 1 de agosto, agentes de la Policía Local de Sevilla detenían a Ángel Boza por sustraer unas gafas de sol de un centro comercial y tratar de atropellar con su coche a los vigilantes de seguridad. Al día siguiente, un juzgado sevillano decretaba prisión provisional sin fianza para Boza.
Éste permaneció casi cuatro meses en prisión hasta que, el 23 de noviembre, el juez condenó a Boza por un delito leve de hurto y otro leve de lesiones y ordenó su puesta en libertad.
Por otro lado, el 25 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco procesó a cuatro de los cinco miembros de La Manada (todos menos Boza) por un caso de abusos sexuales a una joven de la localidad cordobesa en mayo de 2016.
Los recursos a la sentencia de la Manada del 26 de abril pasaron a ser competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que se reunió el 7 de noviembre para estudiar el caso.
Aproximadamente un mes después, el 5 de diciembre, el TSJN confirmó la condena de 9 años de prisión, con el voto discrepante de dos magistrados que entendieron que sí hubo agresión sexual.
Esta división en el seno del tribunal es reflejo de una fuerte controversia social y política en España, hasta el punto de llegar a constituirse una comisión de expertos para revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. La comisión ultima un acuerdo para que los abusos sexuales sean considerados agresiones y las penas sean revisadas, aunque la máxima por violación se mantendrá en 15 años.
Al confirmar la sentencia el TSJN, las acusaciones pidieron inmediatamente el reingreso en prisión de los condenados a la Sección Segunda, que el 26 de diciembre celebró una vistilla para escuchar los argumentos de las partes. Los magistrados, por dos votos contra uno, han decidido que la Manada continúe en libertad provisional.
Una vez agotado el recorrido del proceso en la Audiencia Provincial de Navarra y el TSJN, será el Tribunal Supremo el que resuelva los recursos de las partes y dicte sentencia firme sobre el largo y polémico caso de la Manada.
