Ni reuniones semanales, ni mensuales, ni conteos. Ninguna coordinación entre autoridades para ese fin. Nada. Parece que a nadie le importan las muertes y las lesiones por accidentes de tránsito.
Las cifras, sin embargo, son espeluznantes. Casi 500 personas murieron por esta razón en el estado durante 2018, según la nota de César Cubero publicada ayer en estas páginas.
Si nos preocupa tanto la cifra de homicidios con arma de fuego, comparemos. El año pasado fueron asesinados 800 en Nuevo León: esto quiere decir que del total de muertes violentas, 38.5 por ciento corresponden a inseguridad vial. Además, hay que contar las graves lesiones que dejan los accidentes vehiculares, algunas de ellas de por vida.
Pero no parece importar. Ni a las autoridades ni a los conductores. Estos últimos pelean cualquier medida que los pudiera obligar a disminuir la velocidad o a respetar las señales de Tránsito. Y los gobiernos optan por el viejo ejercicio de “dejar pasar” antes que arriesgar siquiera un punto decimal de su popularidad.
Hay que recordar la tristemente célebre tecnología de las fotomultas. Un poco de presión bastó para que la autoridad renunciara a usar su imaginación. Prefirieron echar atrás todo con el argumento de que era recaudatorio. En la Ciudad de México decidieron utilizar sanciones no pecuniarias, sino de servicio comunitario: al menos le hacen la lucha.
Sí, es un problema nacional, igual que los asesinatos. Pero eso no significa que el gobierno municipal y estatal puedan lavarse las manos. Fuera de las carreteras federales, es a ellos, a las autoridades locales, a quienes corresponde tomar cartas en el asunto.
Y no lo han hecho. No lo hemos hecho. Cada año aumenta en Nuevo León esta terrible cifra. A como vamos, en 2019 rebasaremos, sin duda, los 500 casos de muerte. Y aquí no hay a quién echarle la responsabilidad única. Ni generales, ni Gallos, ni Broncos, ni Aldos: es de todos. Punto. Por eso no nos queda más remedio que enfrentarlo, con la cara de vergüenza.
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