El 26 de julio de 2016, el Consejo de la Unión Europea, adoptaba la decisión de establecer un orden revisado para que todos los Estados miembros ocupasen la presidencia de este Consejo hasta el 2030.
Fruto de este turno rotatorio, Rumanía ha generado recelo entre los miembros europeos acerca de su capacidad para liderar los grandes debates (Brexit, migración y populismo) que van a marcar la agenda del próximo año. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha expresado en público sus dudas sobre la capacidad de Bucarest para asumir dicha presidencia al entender que los rumanos podrían estar más centrados en sus intereses domésticos que en los comunitarios, dada la conflictiva situación interna en el seno del Gobierno de Bucarest.
Esta suspicacia surge a raíz de las reformas emprendidas por el parlamento rumano y desde que el Gobierno socialdemócrata de Viorica Dancila se hizo con el poder en 2017. Su objetivo era llevar a cabo una reforma fiscal que limitase la independencia judicial, con un nuevo sistema que contemplase sanciones para los jueces, así como una modificación del Código Penal que despenalizaría determinados casos de corrupción. Esta idea trajo consigo la movilización de los sociedad rumana contra los políticos corruptos.
Y, a pesar de que el Gobierno dio marcha atrás , la situación en Rumanía apenas ha dado un paso hacia delante, como se pudo ver en el referéndum celebrado el mes pasado, que pretendían vetar los matrimonios homosexuales o la moción de censura en el Parlamento, el pasado día 20, con la que la oposición intentó sacar a la luz las supuestas amenazas contra el Estado de Derecho y la estabilidad económica.
A pesar de que sus nuevas leyes son menos beligerantes en relación con la corrupción, siguen siendo numerosas las denuncias de que en el gobierno aún existe un sistema en el que las comisiones, los sobornos o conflictos de interés están vigentes. Acusan a Dancila de poner en peligro el Estado de derecho y los derechos civiles.
Muchos comparan la situación en Rumanía con la de Hungría y Polonia. Este último país puso en marcha su polémica reforma judicial, con la que se impuso la politización del sistema judicial. La UE, ante las negativas de Varsovia de eliminar dicha reforma, activó el artículo 7, y le dejó sin derecho a voto, desembocando en la revocación de la reforma polaca. Por su parte, Hungría se enfrenta el mismo destino debido a su proyecto reforma judicial y laboral, la cual aumentaría las horas extras de 250 a 400.
Rumanía ingresó en la UE en enero del 2007 y, junto a Bulgaria, están bajo la vigilancia del Mecanismo de Cooperación y Verificación de la UE. Sofia está a punto de salir, a diferencia de Bucarest, que no deslumbra una salida inmediata de dicho mecanismo.
