El prontuario delictivo de Bernardo Montoya, detenido ayer por ser el presunto asesino de la profesora zamorana cuyo cadáver fue encontrado el lunes en la sierre onubense, genera pocas o ninguna duda acerca de sus escasísimas (o nula) posibilidades de rehabilitarse, que es el efecto que el sistema penal español prescribe para sus prisiones. Hace casi un cuarto de siglo, apuñaló hasta la muerte a una anciana en Cortegana sin que tres lustros (¿de reeducación?) en la cárcel lo hayan convertido en un ciudadano cabal. Al contrario, su peripecia vital desde que purgó ese crimen ha consistido en una permanente metisaca penitenciaria debido a un transitar por las afueras de la Ley tan natural como los tirares de la cabra al monte o del concejal a la coima. Si el actual Gobierno de la nación, por una vez, cumple sus promesas y el juicio, como por costumbre acontece, se demora más de lo aconsejable, es posible que al angelito no pueda condenárselo a esa cadena perpetua ma non troppo que es nuestra «prisión permanente revisable», ese eufemístico oxímoron para buenistas al borde del sofoco. Pedro Sánchez ha anunciado su intención de derogarla. La culpabilidad de Montoya, probable a tenor de los indicios, lo convertiría en reincidente y al salir de nuevo, ¿en qué barrio o pueblo se instalaría? No, desde luego, en la urbanización con vigilancia privada 24/7 donde la ministra de Justicia y los expendedores de enésimas oportunidades tienen fijada su residencia. Porque, estimado prócer, jamás ha de legislarse sin atender a la dimensión humana de los asuntos. Hay intersticios de realidad que los manuales de Filosofía del Derecho no detectan y ahí es donde debe llegar el político; y no con su exquisita conciencia elitista, sino con el ojo avizor del auriga que anticipa los obstáculos del camino.
