La Fiscalía concluye que no hubo infracción penal en la identificación a catorce personas que en agosto pasado quitaban lazos amarillos en Mora la Nova, Tivissa y Vandellós, si bien ordena a la Fiscalía de Tarragona que investigue la filtración a particulares de parte del atestado policial. El teniente fiscal Pedro Ariche abrió la investigación a instancias de Impulso Ciudadano, plataforma presidida por José Domingo, tras la identificación por parte de los Mossos de esas catorce personas que el 17 de agosto pasado quitaban lazos amarillos -el símbolo para pedir la libertad de los políticos independentistas presos- en el área de Tarragona llevando cúters, mascarillas y esprais de defensa personal.
Según el fiscal, la gestión policial del incidente “resulta cuando menos desafortunada, por no decir que constituye un auténtico dislate”, ya que fue “absolutamente desacertada” y los agentes actuaron con una “preocupante desatención” a su deber de “objetividad e imparcialidad” al intentar judicializar una conducta, la de quitar lazos amarillos, que no merece reproche penal.
El escrito subraya que no consta que la dirección política de la consellería de Interior diera instrucciones sobre el modo concreto en que debían intervenir los agentes en relación con la polémica por los lazos amarillos, tras los incidentes del pasado verano entre partidarios y detractores de este símbolo en favor de los políticos presos. Por este motivo, se refiere a la “concreta actuación” de los agentes, que elaboraron un atestado en que “equivocadamente” atribuían a los identificados varios ilícitos penales debido a un “malentendido celo profesional” que no debería “perpetuarse ni reproducirse en el futuro”, corrigiéndose a través de los mecanismos disciplinarios administrativos internos.
El fiscal también recrimina a los agentes que asumieran en el atestado que los que quitaban lazos habían dañado bienes públicos, entre ellos una señal metálica situada junto a la entrada de Mora la Nova con el lema “Bienvenidos a la República Catalana”. “Dicho cartel refiere una supuesta realidad inexistente. No se puede decir que un municipio de la Comunidad Autónoma de Catalunya es de -o pertenece a- la ‘República Catalana’ por la sencilla razón de que ésta no existe, o únicamente existe en el imaginario de aquellos que, siempre como opción política legítima pero como mero ejercicio ideológico, creen que debería existir”, sostiene el Fiscal.
La Consejería de Miquel Buch también se extralimitó
En su escrito, el ministerio público afea a los Mossos que, paralelamente a la vía judicial -que acabó archivada-, instaran de forma “incorrecta e inadecuada” a la imposición de una sanción administrativa a los identificados, llevados por su “deficiente calificación jurídica”. En este sentido, recrimina a la consellería de Interior, dirigida por Miquel Buch, su “patente falta de objetividad, impropia de quienes ejercen responsabilidades de Gobierno”, al dejar entrever que los quita-lazos podrían haber cometido una infracción grave de la ley de seguridad ciudadana y ser “severamente” sancionados con multas de entre 601 y 30.000 euros, como advirtió el departamento en su cuenta oficial de Twitter.
”El departamento de Interior se permitió, con ocasión de un nimio incidente de identificación de unas personas que ‘hacían ruido’, retiraron determinada simbología de la vía pública portando al fin y al cabo las mismas herramientas o utillaje que emplean los que previamente la ubican y, en su caso, ‘rayaron’ un cartel metálico de naturaleza privada instalado en lugar público, dirigir un mensaje conminatorio” para los contrarios a los lazos amarillos, apunta.
También reprocha al departamento de Interior que no se tomara “la molestia” de desmentir las “perturbadoras” informaciones que apuntaban de forma alarmante que había “grupos paramilitares de ideología fascista” que “campaban poco menos que por sus respetos por los pueblos” quitando lazos amarillos. Sin embargo, reconoce el Fiscal que esta “patente falta de objetividad en el ejercicio de la función pública” por parte de la consellería de Interior tampoco es sancionable desde el punto de vista penal y únicamente corresponde “su reproche al plano de la acción política partidista”.
Archivo de la filtración de datos sobre la identificación
El fiscal archiva también la investigación relativa a la filtración de datos sobre la identificación, entre ellos que uno de los que quitaba lazos era un agente fuera de servicio de la Guardia Civil, ya que lo supieron muchas personas, algunas de ellas ajenas a los Mossos.
Por el contrario, ordena al Fiscal de Tarragona que abra una investigación sobre la “indebida filtración” a particulares de documentación localizada a los identificados, como planos con indicaciones de actuación en varias poblaciones, que figuraba en el atestado policial, al concluir que “no cabe duda alguna” de que necesariamente tuvo su origen en los Mossos de la comisaría de Mora la Nova.
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