El Gobierno que inicie la undécima legislatura andaluza deberá desprenderse de algunos lastres legados por los ejecutivos socialistas anteriores, entre otros ámbitos en el judicial. Dentro de éste, el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que comanda la jueza Patricia Fernández, investiga lo sucedido en torno a la asignación de la mina de Aznalcóllar y ha realizado una citación que puede resultar trascendente para el devenir del proceso. En una providencia, fechada el pasado 4 de diciembre y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada expone que «con carácter previo a resolver sobre la ampliación de imputación de delitos y personas investigadas» que había solicitado una de las empresas perdedoras del concurso por el que la Junta adjudicó el yacimiento, Emerita Resources, se convoque en sede judicial para «prestar declaración como testigo» al «jefe del servicio de Industria, Energía y Minas, Á. A. M., que suscribe el informe de fecha 20 de noviembre de 2018». La instructora pretende que aclare «las discordancias que se observan en algunos de los datos» que su documento recoge «con aquéllos que, con carácter previo, obran en las actuaciones, en cuanto a requisitos, presupuestos y trámites, fechas, entidades adjudicatarias y demás» elementos «relevantes» que pudieran «resultar de interés para la presente causa al estar directamente relacionadas con el concurso de adjudicación» que se disecciona. Fernández lo convoca en concreto para «el próximo 9 de enero de 2019, a las 10 horas en la sede» del juzgado.
El representante procesal de Emerita, Ramón Escudero, explica a este periódico que «en el último documento que ha enviado al juzgado» el mencionado jefe de servicio «dice literalmente que actualmente Minera los Frailes, la empresa que está en Aznalcóllar, no tiene todavía los permisos de investigación, es decir, no tiene el título de concesión de la mina, con lo cual cómo es que ha estado haciendo sondeos y cómo es que usa las instalaciones sin tener el documento público que lo autoriza y que le da titularidad a aquello», se pregunta. El abogado recuerda que ha pedido «en numerosas ocasiones» que la investigación se ensanche y se sumen encausados por «nuevos hechos como que la aceptación del yacimiento se hizo por una empresa que no correspondía y que estaban allí por la vía de los hechos, esto es, sin permiso y sin la concesión apropiada». «Por fin –añade– la jueza parece que a raíz de este documento firmado por el jefe de servicio nos está haciendo caso y quiere que aclare las contradicciones que hay, parece que va viendo que no hay más remedio que seguir investigando a estas personas y estos delitos por lo que ha ocurrido». Emerita entiende que se ha cometido un presunto «delito continuado desde el principio del concurso hasta después en el otorgamiento y la aceptación de la mina».
Y hay otra cuestión que también aborda la magistrada en su providencia. El Ejecutivo autonómico planteó que se impusiera una fianza de 30.000 euros a la Federación Provincial de Sevilla de Ecologistas en Acción para poder seguir personada como acusación popular en la causa, pese a que lo estaba desde hacía más de tres años, a raíz de que la organización reclamara una documentación. La jueza rebajó la cuantía hasta los 6.000 euros y luego hasta los 2.000 tras recurrir Ecologistas y ahora ha accedido a «mantener en suspenso la obligación» de prestarla hasta que la Audiencia de Sevilla no resuelva un último recurso de apelación interpuesto por la organización «verde». Fuentes de ésta comparten con Emerita su convicción de que el informe de Á. A. M. confirma «sus sospechas de que no existía el título de concesión del yacimiento, pero Minera los Frailes actúa como si lo tuviera». «Sólo fue concedida la preferencia para optar a los derechos mineros y no a esa empresa, sino a la agrupación formada por Minorbis/Grupo México», anotan, para engarzar que parece «evidente» además que la primera «ha actuado como testaferro» del segundo, dada la carga de desastres ambientales que pesaba sobre él en México.
Por último, la jueza ha acordado librar exhorto a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) «a efectos de que informe sobre el estado actual» de procedimientos hilvanados a Aznalcóllar que acabaron en su órbita.
Casos de corrupción en herencia
El “caso Aznalcóllar” no es el único que heredará el próximo Gobierno andaluz. Aún permanecen abiertos otros que han puesto contra las cuerdas a la Junta en los últimos años como la “macrocausa” de los ERE presuntamente fraudulentos, el “caso Invercaria” o varios procesos que giran en torno a la agencia pública IDEA.
