La defensa del ex interventor de la Junta Manuel Gómez aseguró ayer que las irregularidades que éste advirtió en las ayudas de los ERE era algo «conocido por todos los miembros del Consejo de Gobierno» y afeó que los políticos se agarren a la Intervención «como a un clavo ardiendo» para «eludir sus responsabilidades». El abogado José Rebollo representa a Gómez, que afronta seis años de cárcel y treinta de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación junto a 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz, y que emitió numerosos informes en los que «advirtió a quien tenía poder decisorio del riesgo que entrañaba el sistema implantado» para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que daba la Consejería de Empleo y abonaba la empresa pública IDEA.
Precisamente, que en esos informes el interventor no hablara de ilegalidades ni emitiera un informe de actuación que instara a parar las ayudas es la base de la «estrategia de defensa a la desesperada», según Rebollo, del ex presidente José Antonio Griñán o los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández (Empleo), Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) o Francisco Vallejo (Innovación).
Pero en su informe final, la defensa del ex interventor dejó claro que «el consejero de Empleo pudo dictar instrucciones a la Dirección General de Trabajo para que no tramitara transferencias de financiación» a IFA/IDEA para pagar las ayudas y «ordenar la rescisión de los convenios suscritos con IFA».
Mientras «el consejero de Hacienda pudo impartir instrucciones al ordenador del pago» –la Tesosería– para que no se mandaran los fondos a IDEA y «el consejero de Innovación pudo impartir instrucciones a IFA para rescindir los convenios» con Empleo y dejar de pagar las ayudas que daba el director general de Trabajo.
Y es que «año a año» los informes de la Intervención alertaban del «uso inadecuado de las transferencias de financiación, con su ineludible consecuencia de elusión de la fiscalización previa del gasto público efectivo» y ello «era conocido por todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía».
Por eso, su abogado ve «inconcebible» e «incongruente» que sea acusado de prevaricación y malversación «quien avisó de irregularidades en el sistema establecido y de los riesgos que entrañaba», especialmente en un informe adicional del año 2005 (sobre el ejercicio del 2003) «crucial» para la investigación del «caso ERE» y «clave» para las acusaciones de este juicio.
De otro lado, la defensa del ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río criticó que se le acuse «porque estaba en el consejillo», la reunión de viceconsejeros preparatorio del Consejo de Gobierno, sin que la Fiscalía razone por qué a otros miembros del mismo no los acusa. El abogado Enrique del Río representa al ex jefe de los Servicios Jurídicos de la Junta, que se enfrenta a un total de diez años de inhabilitación acusado de prevaricación junto a otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz, «el peor delito que se puede imputar a un funcionario», lamentó el letrado.
