Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se registraron oficialmente como aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2019-2022.
En sus proyectos de trabajo los cuatro candidatos admitieron que existe corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y se comprometieron a erradicarla; así como a realizar lo necesario para mantener la independencia y autonomía del alto tribunal a fin de consolidarlo como garante de la Constitución en un sistema de contrapesos en los que habrá de resolver dilemas jurídicos en el nuevo panorama político mexicano.
La elección para sustituir al ministro Luis María Aguilar Morales se llevará a cabo en sesión solemne el primer día hábil de enero próximo, en una contienda en la que el nuevo presidente deberá obtener un mínimo de seis votos.
Arturo Zaldívar fue el único de los aspirantes que se refirió en su programa de trabajo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ayer fue congelada por la Corte, por lo que aún está en el aire la reducción de los sueldos de los altos funcionarios, como los pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Zaldívar destacó que la próxima elección del titular de la SCJN y del CJF se presenta en un contexto en el que el discurso público ha sido crítico hacia el Poder Judicial de la Federación.
“En el marco del descontento generalizado con las instituciones, se nos han hecho duros señalamientos y algunas voces han apuntado a la necesidad de introducir reformas a las leyes que nos rigen.Adicionalmente, ha entrado en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuya aplicación al PJF resulta problemática en el marco de las garantías institucionales que la Constitución establece”.
Señaló que ante este panorama, el principal desafío del nuevo titular de la Corte será el de llevar a cabo la defensa de la independencia judicial “sin entrar en una confrontación entre poderes o un choque de trenes”.
Sin embargo, sostuvo que esa defensa no puede hacerse sino a partir de una legitimidad del PJF frente a la sociedad y, por ello, cualquier esfuerzo institucional debe partir del reconocimiento de que, efectivamente, hay aspectos que se deben corregir.
“Debemos demostrar sensibilidad frente a los legítimos reclamos sociales y actuar para hacerles frente, en ejercicio de nuestras facultades y en el marco de nuestra esfera de autonomía. La mejor manera de afirmar nuestra independencia es ejercerla con visión y liderazgo, reconociendo nuestras debilidades y comunicando mejor nuestras fortalezas, con el objetivo de reforzar la confianza de la sociedad en la labor que realizamos, porque esa confianza es la base de nuestra legitimidad democrática y nuestro único capital político”.Reiteró que “hacer oídos sordos a los reclamos y entender a la división de poderes como aislacionismo o pretender que somos inmunes a los procesos políticos, nos colocaría en una posición de vulnerabilidad y pondría en riesgo nuestro rol institucional”.
“Hoy como nunca debemos acercarnos a la ciudadanía, oír sus demandas y plantear una renovación desde una visión deliberativa. Esto debe hacerse, además, a partir de una posición de unidad entre las ministras y ministros, con una visión del Pleno como cabeza del PJF.“Las grandes decisiones sobre el rumbo que debamos emprender deben ser tomadas con el consenso del Pleno, a través de un diálogo robusto y constante”, añadió.
Ortiz Mena dijo que es fundamental reconocer que en el proceso electoral de 2018 se expresó un reclamo generalizado en favor de que las instituciones públicas sean más eficaces en el cumplimiento de sus deberes; que racionalicen y moderen su gasto, y se erijan como ejemplos de transparencia y honestidad.
“Tampoco puede ignorarse que, dado el contenido programático del nuevo Poder Ejecutivo Federal, es previsible que ocurran cambios constitucionales, jurídicos e institucionales importantes. Si ese fuera el caso, el Poder Judicial estaría llamado a resolver los dilemas legales y constitucionales que dichos cambios impliquen”.
Señaló que como tribunal constitucional, “estamos atados a valores que trascienden los vaivenes de la política”.
Agregó: “Por tanto, el régimen y diseño democrático nos otorgan garantías institucionales para independizarnos de otros poderes y para resguardarnos de la sanción y el reproche de aquellos a quienes afectamos con nuestras decisiones, sean las mayorías, sean las minorías, sean los poderes fácticos, sean los poderes económicos.“El PJF pone en riesgo su legitimidad cuando cede a las presiones externas irrazonables, pero también cuando se resiste a acoger las demandas razonables de una sociedad que desea abatir un régimen poco republicano de lo que percibe como desmesura y privilegios. Estas demandas sociales mejoran, perfeccionan y fortalecen nuestras instituciones, incluido el PJF”.
Gutiérrez Ortiz Mena señaló, mediante un fortalecimiento de las actividades de las Comisiones de Vigilancia y Disciplina, se deberá generar un programa de prevención y sanción de hechos de corrupción en todas las unidades del Poder Judicial.
“La próxima presidencia reforzará las actividades específicas para combatir hechos de corrupción en materia de licitaciones y garantizar condiciones de transparencia en contrataciones públicas, a fin de desincentivar acuerdos ilegales en estos procedimientos".
Pardo Rebolledo comentó que el cambio político, social y económico que vive México trae consigo muchos retos, pero también oportunidades para que el Poder Judicial se consolide como un poder autónomo e independiente al servicio de la sociedad.
“La impartición de justicia juega un papel primordial para la consolidación de la democracia mexicana y salvaguarda de los derechos humanos. Las y los juzgadores desempeñamos la tarea fundamental de preservar el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, garantizamos la vigencia de las libertades y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, a través del control de los actos del poder público y los mismos particulares”.
Aseguró que en las manos de los juzgadores está la posibilidad de hacer realidad la aspiración de paz y armonía de todos y cada uno de los mexicanos.
De ser elegido, se comprometió a trabajar por un Poder Judicial de la Federación autónomo, independiente y honorable que, a partir de la maximización de sus valores y fortalezas, sea capaz de servir de mejor forma a la sociedad mexicana en su legítima aspiración de justicia, mediante acciones estratégicas y de alto impacto que permitan optimizar la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, la salvaguarda del Estado de Derecho y la defensa del imperio de la ley.
“Conozco a profundidad las columnas que sostienen a la justicia federal mexicana, pero también, los enormes retos que ésta enfrenta y la necesaria reacción que deriva de una exigencia social para afrontar con dignidad, fortaleza y honor las problemáticas que surgen para aquellos que impartimos justicia en un contexto social y político que es cada vez más complejo y aceleradamente cambiante.“Estoy consciente de que quien Presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el periodo 2019-2022, estará obligado a dirigir con gran liderazgo a la institución que es piedra angular en el equilibrio de poderes, cualidad fundamental que caracteriza a la democracia. Ello obliga a una Presidencia de la Suprema Corte incluyente, receptiva, innovadora y responsable”.
Pardo Rebolledo dijo que todos quienes laboran en el Poder Judicial de la Federación tienen claro que este año la sociedad mexicana ha expresado de manera crítica, directa y contundente lo que exige de nosotros los juzgadores.
“Con humildad, compromiso y respeto a ese sentir ciudadano, la respuesta no puede ser otra que la de escuchar receptivamente cada cuestionamiento dirigido a la impartición de justicia, y la de reaccionar, de manera inmediata, implacable y definitiva para combatir, sin temores ni inseguridades, cualquier mala práctica que amerite corrección en los tribunales federales.“La sociedad exige austeridad y estoy convencido de que el Poder Judicial de la Federación puede esforzarse más para reordenar, redistribuir y, si es necesario, recortar el gasto”.
Pérez Dayán indicó que como presidente de la Corte contribuirá fortalecer su carácter de garante del sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana y a defender la Constitución.
“Como Presidente del Consejo de la Judicatura Federal impulsaré la independencia e imparcialidad de los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación.“La unidad del Poder Judicial de la Federación debe ser el objetivo primordial para potencializar nuestra misión como garantes de la Constitución”
Manifestó que el reto es que esta labor común debe desarrollarse con respecto a la autonomía de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
“Restringir su autonomía o no ejercerla cabalmente implica una violación a los derechos humanos. El garante de la Constitución debe ser, primero, garante de su propia autonomía. La autonomía del Poder Judicial de la Federación se fortalece en la medida que, desde la Suprema Corte, luchemos contra la impunidad y la corrupción, frente al abuso de la autoridad y la violación de los derechos humanos. La autonomía que debemos impulsar no es aquella que solapa conductas indebidas, ni emite criterios que favorecen al poderoso frente al desvalido”.
