La situación de los derechos humanos en el continente americano sufre un proceso de "regresión", ya que los avances de las últimas décadas se han esfumado por la sucesión de graves ataques.
La gravedad es tal que, según Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en Latinoamérica y el Caribe se encuentran los países más peligrosos del mundo en la defensa de los derechos humanos.
"A pesar de que es una región que ha sido conocida por una narrativa de estabilidad y de democracia, encontramos que sigue siendo una región donde las grandes mayorías ven violentados sus derechos humanos", explicó Guevara a Efe.
Los desafíos que afronta la región son muy similares, ya que la mayoría proceden de la impunidad y la corrupción, que llevan a un "debilitamiento institucional" por la falta de confianza de la población en los estados que defienden "los intereses políticos y económicos solo de unos cuantos", dijo Guevara.
La raíz de estos problemas está en las "deudas pendientes en materia de defensa de los derechos humanos y la falta de respuestas eficaces de los estados", añadió.
Sobre el balance del año 2018, la experta consideró que es "bastante negativo", ya que en todos los países del continente hay situaciones críticas en las que las mayorías están siendo vulneradas.
"Personas en la pobreza, pueblos indígenas, personas del colectivo LGTBI, mujeres o niñas" siguen sufriendo violaciones de los derechos humanos a diario, explicó.
Dentro del continente americano, México es uno de los países que se enfrenta a una de las peores crisis de derechos humanos en los últimos años y, según Guevara, "las cifras escalofriantes son un emblema de lo que enfrenta el país".
Los mayores desafíos para el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue investido el pasado 1 de diciembre, son, para Amnistía Internacional, las desapariciones, la "epidemia" de los feminicidios, la explotación de los pueblos indígenas y, sobre todo, que el 95 % de las violaciones de derechos ni siquiera se investigan.
Las cifras de violencia en México son espeluznantes. De acuerdo con datos de la ONU, mueren ocho mujeres y, según el gobierno del país, en 2017 se registraron 29.168 homicidios dolosos, de los cuales al menos 671 fueron feminicidios.
Además, la cifra de personas en paradero desconocido asciende a 37.485, de las cuales solamente 340 han sido identificadas, mientras que 161 defensores de derechos humanos fueron asesinados durante la Administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Para la directora de Amnistía, el gobierno de López Obrador tiene ahora la "gran oportunidad de revertir décadas de violaciones a los derechos humanos".
Ante esta coyuntura, las diferentes organizaciones civiles cobran protagonismo y tienen un rol fundamental mediante el que deben velar por el cumplimiento de los derechos humanos y monitorear la responsabilidad que tienen los estados de garantizarlos.
Lo anterior se puede llevar a cabo mediante múltiples mecanismos y en el caso de Amnistía se centran en labores de investigación "rigurosa" para describir y documentar las violaciones de derechos humanos.
Estos informes pretenden servir tanto para presentarse ante la justicia como para llevar a cabo campañas para aumentar la sensibilidad y sensibilización en esos temas.
Guevara destacó también el papel de las personas defensoras de los derechos humanos que ponen en peligro sus vidas. "El rol de la sociedad es protegerlas", aclaró.
En relación al 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), Guevara consideró que la "situación es preocupante", ya que, aunque funciona como un instrumento base que generó un marco vinculante, los avances en Latinoamérica y el Caribe "no se han traducido en cambios sustanciales".
A pesar de la preocupación que causan los gobiernos del "proceso regresivo" de Estados Unidos o Brasil, la experta opinó que la ciudadanía actualmente "está más alerta, ejerce sus derechos y reclama rendición de cuentas".
