El Gobierno que capitanea Pedro Sánchez prepara un plan de choque para acabar con la prostitución en España. Éste pasa por cerrar todos los prostíbulos, incluso los que tienen licencia –aunque sea porque están disfrazados de locales dedicados a la hostelería–. Según los últimos datos que maneja la Policía Nacional, en el país hay alrededor de 1.400 burdeles censados, una cifra difícil de aproximar y en la que no se incluyen los pisos de citas, un sector en auge. De contabilizarse estos últimos, el dato aumentaría considerablemente, tal y como reconocen los propios mandos policiales. El Ejecutivo propone también castigar por vía penal a los clientes de la prostitución, así como a los que faciliten pisos y locales a los proxenetas.
La información, que adelantó «Eldiario.es» y recogió ayer «El País», se refiere a un documento interno del PSOE, un estudio encargado a una comisión de expertos que lleva por título «Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual». Este periódico trató ayer de ponerse en contacto con portavoces socialistas, que rehusaron pronunciarse acerca de este texto.
En la actualidad, la prostitución no está legislada en España: está en una situación de «alegalidad» y su práctica –siempre y cuando no sea forzosa y un tercero no se quede con los beneficios que genera– no está penada por ley. Sánchez prometió atajar esta situación y poner en marcha la primera ley que sancione la trata en el país y, además, proteja y despenalice a la víctima.
«La trata de mujeres y niñas existe porque existe la prostitución. Ésta no es un trabajo y supone una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género», denuncia el documento elaborado por el consejo que asesora en materias de igualdad a la dirección del PSOE. «La conexión entre la trata con fines de explotación sexual y la prostitución no se puede ignorar, como tampoco desconocemos que la prostitución no es el resultado de una decisión libre, como falsamente se quiere hacer creer», añade el documento. De aprobarse, ésto supondría la modificación de una docena de leyes vigentes, entre ellas el Código Penal y Ley de Enjuiciamento Criminal.
Éste es un debate viejo en el seno de la directiva socialista. Ya en el año 2015, el PSOE se planteó recoger la propuesta de incluir el consumo de prostitución en el Código Penal en el programa electoral, una idea que finalmente Sánchez desechó para limitar su promesa a «sancionar la demanda y la compra».
Aunque de momento no existe ninguna normativa a nivel estatal –a excepción de los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el hecho de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución, aunque lo haga voluntariamente–, los municipios tienen la capacidad de regularla en sus calles por medio de ordenanzas cívicas. Uno de los primeros ayuntamientos en valerse de este mecanismo fue el de Barcelona, que en 2012 prohibió la prostitución callejera con multas de hasta 3.000 euros para los clientes y de hasta 750 para las meretrices. También está regulada en ciudades como Valencia y Sevilla.
La secretaria general del sindicato de trabajadores sexuales (Otras), Concha Borrell, rehusó valorar esta información en una conversación telefónica con LA RAZÓN. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la organización publicó un texto en el que rechazaban este proyecto de ley: «“La propuesta persigue erradicar la prostitución por su estrecha vinculación con la trata”. Os imagináis que en lugar de “prostitución” pusiera “agricultura” o “industria textil”? A que sería absurdo? Pues eso», reza el tuit, al que acompaña una imagen en la que se puede leer «Trabajo sexual no es trata».
