Se hacía pasar por un empresario dedicado a la ganadería y a la agricultura, aunque en el momento de su detención dijo que era conductor de coches Uber. La localización y arresto de Carlos García Juliá, prófugo de la Justicia española desde 1994 y que fue uno de los autores materiales de la matanza en un despacho de abogados laboralistas de Madrid, ha supuesto para la Brigada Central de Crimen Organizado (Grupo de Prófugos) de la Comisaría General de Policía Judicial española un auténtico reto, ya que se han enfrentado con un auténtico «maestro de la clandestinidad».
Según informaron a LA RAZÓN fuentes de la investigación, este individuo ha recorrido varios países de Sudamérica desde su huida de España: Chile, Argentina, Venezuela y Bolivia. Se sabe que ha utilizado varias identidades falsas y que en este último país estuvo detenido en 2000 por tráfico de drogas. Entonces estuvo a punto de ser «centrado» por la Policía española. Sin embargo, consiguió obtener la libertad y, a partir de ese momento, decidió convertirse en una especie de «ciudadano modélico». Nada de delitos, nada de contactos con grupos de extrema derecha ni con mafias. Tampoco grandes sumas de dinero en su haber. Logró hacerse con la identidad –la de Genaro Antonio Materán– de un ciudadano venezolano al que «dobló» (copió) todos sus documentos sin su consentimiento aunque este extremo está siendo investigado. Y, a partir de ahí, dedicarse a negocios lícitos en el vecino Brasil, país en el que entró por el estado de Rorarima.
«Asumió que debía pasar el resto de sus días en la clandestinidad y se dispuso a ello, con una identidad que, al no estar falsificada, no levantaba sospechas. Hasta el pùnto que le permitía viajar de un lugar a otro y hasta coger aviones», agregaron las mismas fuentes. García Juliá se sentía seguro, daba por hecho que nunca sería localizado, quizás porque no conocía la tenacidad de los 20 agentes que componen el Grupo de Fugados de la citada Brigada. Cada paso que daba (llegó a tener tres domicilios en Brasil separados por miles de kilómetros) eran seguidos por los citados policías hasta que, el pasado mes de julio, lo ubicaron en el barrio Funda de Sao Paulo, en una casa en la que vivía con su compañera sentimental. Se desconoce si la mujer conocía el pasado de García Juliá. En esta ciudad residen casi 13 millones de habitantes.
A partir de ese momento, los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Federal de Brasil culminaron la investigación y detuvieron a Carlos García Juliá. Tan seguro estaba de sí mismo, que negó durante horas que fuera el huido. Sin embargo, según las citadas fuentes, al ser llevado a comisaría se dio cuenta de que «la cosa iba en serio» y «derrotó» (confesó).
Juliá, junto a otras tres personas, participó en la conocida como «matanza de Atocha», ocurrida en 1977. Tras el crimen, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido el 11 de marzo de aquel año. Ingresó en prisión hasta la celebración del juicio y fue condenado por la Audiencia Nacional. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España. Desde entonces, se mantuvo desaparecido al no comparecer ante un requerimiento judicial formal emitido en diciembre de ese año. Ha cumplido sólo 14 de los 193 años a que fue condenado.
Tenía una reclamación judicial en vigor para su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Varios pistoleros irrumpieron el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de CCOO en el 55 de la calle Atocha. Mataron a tres abogados, Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y un administrativo, Ángel Rodríguez. Hubo además cuatro heridos graves. El atentado puso en auténtico peligro a la recién nacida Democracia. El Partido Comunista, cuyo líder era Santiago Carrillo, hizo una demostración de control de la calle y los funerales se celebraron sin problemas, lo contrario de lo que querían provocar los que perpetraron los crímenes: una involución.
