Uno de los iconos de Benidorm, dos torres de rascacielos situadas en primera línea junto al mar y conocidas como las torres de Punta Llisera o los «Gemelos», tendrá que ser derribado después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el
último recurso judicial posible, presentado por la Generalitat Valenciana en la anterior legislatura.
El presidente actual del Consell, Ximo Puig, ha desvelado este jueves el fallo que obligará al Ejecutivo valenciano a destinar cien millones de euros a las indemnizaciones y a la complicada maniobra de demolición de las Torres de Benidorm, situadas junto a otros bloques de rascacielos -de donde partió la denuncia, al taparles las vistas- y en una zona rocosa muy próxima al agua.
Puig ha recriminado a los dirigentes populares por haber autorizado esta construcción, aunque inicialmente el Tribunal Superior de Justicia validó este permiso. No obstante, el presidente ha lamentado "las fechorías de la exconsellera Isabel Bonig" en la localidad alicantina.
Según han explicado fuentes de la Conselleria de Hacienda, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo les ha comunicado la inadmisión del recurso de casación que presentó la Generalitat al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que ordenaba la ejecución de la sentencia de julio de 2012 del Supremo, que anuló los permisos a los edificios ya construidos al declarar ilegal su autorización.
Pisos a 700.000 euros
Las torres -de 22 plantas cada una, con zonas comerciales y otros espacios y 168 apartamentos de lujo, con un precio de mercado de la fecha de entre 400.000 y 700.000 euros- se construyeron con autorización del Consell en la zona de servidumbre de protección de Costas, un espacio protegido por su carácter de bien público en la zona marítimo-terrestre.
En julio de 2017, el TS admitió un recurso de la Abogacía del Estado contra la decisión del TSJCV, que en 2008 había dado validez a la autorización de abril de 2005 de la Dirección General de Puertos de la Generalitat para la construcción de las dos torres.
Ante la decisión del Supremo, el TSJCV dictó un auto de ejecución definitiva de sentencia en el que ordenó a la Generalitat presentar ante la sala en un plazo de tres meses el proyecto de demolición de las torres junto con la previsión presupuestaria de su coste y habilitar el crédito en el momento en que se determinara exactamente el importe de las indemnizaciones a los propietarios.
Ese auto de ejecución fue recurrido por la Generalitat ante el alto tribunal, que acaba de comunicar, con fecha del pasado 23 de noviembre a la Generalitat, la inadmisión de ese recurso. Esta resolución no puede ser nuevamente recurrida.
Hacienda explica que ha realizado una estimación del coste, que alcanza los 100 millones de euros, importe que se obtendrá de incrementar en un 20 por ciento el precio de adquisición de cada apartamento, plazas de garaje y demás, por lo que finalmente superará ese importe. De este modo, al ser firme la decisión, la situación obligará a hacer una modificación de crédito a los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2019 para habilitar esos 100 millones que costará la operación.
