Como si se hubiese destapado una olla que llevaba años hirviendo, el descontento social en Cataluña le ha estallado al gobierno de la Generalitat en la cara. Los funcionarios catalanes han tomado las calles en una semana de reivindicaciones para reclamar que se reviertan los recortes, un estallido de protestas que se produce tras unos años en los que el proceso soberanista alentado por el independentismo había puesto sordina a las reivindicaciones sociales y adormecido las protestas.
Primero, los médicos y ahora, también, los profesores, los estudiantes, los bomberos... Una parte importante de la base social del independentismo se ha plantado ante Quim Torra con una huelga cuádruple que tiene al ejecutivo catalán bloqueado. Funcionarios, jóvenes y los tan elogiados bomberos -«sempre nostres» (siempre nuestros), heroico cordón de seguridad entre los votantes y la policía el 1-O- que nutrían las manifestaciones en el otoño negro catalán impulsan ahora unas reivindicaciones que agrietan el bloque nacionalista y sacuden la mayoría de gobierno.
Las imágenes, ayer, de enfrentamientos entre integrantes de los Bomberos y agentes de los Mossos d’Esquadra ante las puertas del Parlamento catalán ponen al «Govern» y al independentismo en su conjunto ante el espejo de un descontento social que ninguna «estelada» puede ya tapar.
Sindicatos independentistas
En las calles, los sindicatos de médicos exigen medidas concretas como la reducción de las visitas ambulatorias que tiene que atender un facultativo cada día y un tiempo mínimo de doce minutos para cada paciente. Solo en primaria se han perdido 900 facultativos en el sistema. Los profesores universitarios, por su parte, piden mejorar las condiciones laborales de los docentes asociados -de los que las universidades abusan- mientras que los estudiantes -apoyados e impulsados por los sindicatos juveniles próximos a la CUP- centran sus reivindicaciones en la rebaja de las tasas universitarias.
Hoy se sumarán a la protesta las escuelas públicas, uno de los puntales en los que el «Govern» se apoyó para organizar el referéndum ilegal del 1-O. Incluso los «Docentes por la República» se han unido a la convocatoria capitaneada por Ustec, Aspepc, CGT y hasta el sindicato independentista CSC. Exigen revertir los efectos causados por el «tijeretazo» que impuso el Ejecutivo de Artur Mas, cuando este casi presumía de ser el campeón de la austeridad, antes de apostar todo su capital político a un proceso independentista que, eso sí, logró el objetivo de desviar el foco de las protestas hacia el conflicto político.
100 millones adicionales
En el caso de los médicos, y pese a la inyección de urgencia de 100 millones anunciada ayer por la Generalitat y un acercamiento a las posturas de los sindicatos, la huelga no se ha desconvocado y se prevé que se alargue hasta mañana, tras una semana entera de paros. En los centros de primaria y de la sanidad concertada, los usuarios soportan la huelga con las lógicas incomodidades pero con un sentimiento general de solidaridad.
Las protestas se han ido caldeando progresivamente. En el caso de los médicos, tomaron las sedes del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el departamento del ramo a principios de semana, y ayer llegaron a las puertas del Parlament, donde confluyeron con los Bomberos, como es habitual mucho más vistosos y ruidosos en sus protestas. Petardos, bengalas y forcejeo con el cordón de antidisturbios policial que blindaba la puerta del Parlamento catalán. Estos llegaron a retener a uno de los integrantes del cuerpo, aunque posteriormente lo soltaron.
En los campus, la jornada de protestas comenzó de madrugada con el desalojo de varios estudiantes que se habían encerrado en la Pompeu Fabra y la Autónoma de Barcelona. En esta última, y en lo que ya es una tónica, grupos de encapuchados, completamente vestidos de negro, cortaron los accesos.
Los paros han cogido con el pie cambiado al Ejecutivo catalán, poco acostumbrado a gestionar la cotidianidad después de tantos años de épica. Las protestas se producen también en un momento complicado, en el arranque de las negociaciones de los presupuestos autonómicos, para lo que la mayoría de gobierno, ante la negativa de la CUP, quiere atraer a los comunes, que hacen de altavoz dentro del Parlament a las protestas que vienen de la calle. Su aprobación se avecina muy difícil.
La reacción desde la Generalitat y el grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JpC) oscila entre la parálisis y directamente la torpeza. El presidente de la Generalitat se ha limitado a mostrar «empatía» con los médicos y a vaciar su agenda para los próximos dos días, tratando de capear el temporal desde su despacho. Desde JpC y el entorno más directo de Carles Puigdemont se demostró que probablemente siguen sin entender nada. «Nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales», afirmó uno de los portavoces de este grupo en el Parlament, Eduard Pujol, en RNE. Calificó de «migajas» las reivindicaciones sociales mientras insistía en que la prioridad de los catalanes debía ser el «procés» y la «república». Estas palabras fueron aprovechadas precisamente por los pretendidos socios de los independentistas, unos comunes que trataron de meter cuña en el seno del Govern reclamando a ERC que haga valer su compromiso social «como fuerza supuestamente de izquierdas y progresista» para imponer su criterio y responder a la exigencia de la calle.
Más embajadas
Las protestas sociales exigiendo más inversión y revertir los recortes no modifican los planes de la Generalitat con respecto a otras partidas directamente vinculadas a la promoción del independentismo. El nuevo consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch (ERC), que ayer reunió en Bruselas a sus «embajadores», insistió en su pretensión de ampliar la red de delegaciones catalanas en el extranjero.
