El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, denunció ante la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que la prohibición de la matriculación de los vehículos con motores de combustión en 2040 “no es una medida sensata” y añadió que “socava los principios de libertad y de progreso que han caracterizado el desarrollo del sector en los últimos 25 años”.
Así se expresó Aires en la inauguración del acto de celebración del 25 aniversario de la AOP, en una intervención junto a la propia ministra.
Según Aires, dicha prohibición crea “una incertidumbre innecesaria que desincentiva las inversiones en sectores estratégicos, poniendo en riesgo la viabilidad y el empleo”.
En la misma línea, advirtió de que este anuncio ya está afectando a las ventas de vehículos diésel y se extenderá al resto. “Es muy probable que se produzca un retraso en las decisiones de compra de automóviles por parte de los consumidores, aumentando la antigüedad del parque”, apuntó.
En cuanto a la negativa del Gobierno a subvencionar la compra de turismos que no sean eléctricos, recordó que actualmente de los 23 millones de vehículos en España, tan solo 25.000 son eléctricos puros y que el 60% tienen más de 10 años.
Por ello, defendió que sería más efectivo que se pudiera renovar la flota diésel, ya que los modelos producidos ahora emiten un 85% menos de partículas que los producidos hace 10 años, y eso permitiría que más consumidores se beneficiarán de estas ayudas.
Más a largo plazo, Aires advirtió también sobre el impacto que puede tener en el turismo la prohibición de que circulen vehículos con motores de combustión, ya que no se permitiría la entrada en España de conductores con vehículos no prohibidos en sus países.
Por otro lado, denunció también que la medida va contra el principio del progreso eficiente de la tecnología no madura, al no aplicar un criterio de neutralidad tecnológica dejando que las distintas tecnologías compitan entre sí.
Por último, Aires criticó que el Ejecutivo se plantee obligar a las estaciones de servicio a implantar puntos de recarga eléctrica a partir de un determinado volumen de ventas bajo la amenaza de multas de 30 millones de euros. “Obligar a hacer inversiones no parece respetar el principio de libertad de empresa”, concluyó.
Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, afirmó en su intervención en el mismo acto que la medida de prohibir los vehículos con motores de combustión en 2040 “es un golpe a la línea de flotación de la economía y la industria española”.
A este respecto, señaló que de las ocho empresas españolas con mayor peso en las exportaciones, siete están vinculadas con el sector de la automoción o del combustible y añadió que la industria “paga buenos salarios y genera empleos de calidad”.
